La salud en las elecciones de Estados Unidos

La pandemia del COVID-19 ha puesto la situación del sistema de salud sobre la mesa electoral de Estados Unidos. Más allá del coronavirus, los problemas del sistema de salud en Estados Unidos incluyen la Ley de Cuidado de Salud Asequible, las protecciones para las personas con afecciones preexistentes, el precio de los medicamentos, los derechos reproductivos, Medicare y el seguro por enfermedad.

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Es claro que uno de los temas relevantes para los votantes es la atención médica, que el coronavirus ha puesto al descubierto todas sus debilidades.

En las elecciones de mitad de período del 2018 se evidenció que la atención médica era una prioridad para muchos votantes. Ahora, con la pandemia encima, la relevancia sobre este tema es mucho mayor.

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Cierto es que el coronavirus seguirá siendo el foco principal durante las elecciones y más allá. Pero de cara al 2021, la atención se expandirá a problemas de políticas de salud más convencionales, como los costos de los medicamentos, la cobertura de seguros, Medicare y Medicaid.

Hoy, los votantes estadounidenses están claramente más enfocados en las consecuencias económicas y de salud de la pandemia que en lo que podría describirse como problemas tradicionales de atención médica, como el precio de los medicamentos o el futuro de Medicare.

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Con los miles de muertos a causa del COVID-19 y las duras consecuencias económicas de la pandemia que están afectando a tantos estadounidenses, el cambio en el interés de los votantes en este momento no es tan sorprendente.

Los precios de los medicamentos recetados y las facturas médicas sorpresa son asuntos de bolsillo y es probable que vuelvan a estar en la agenda del próximo presidente y Congreso. No obstante, lo relevante para las elecciones serán las propuestas que Trump y Biden hagan respecto a cómo combatirán contra el virus y limitando las consecuencias económicas.

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La COVID-19 no sólo estará al frente de la elección presidencial, sino que también afectará a la elección congresal, ya que se espera que el Congreso no solo deba continuar proporcionando recursos y políticas para combatir la pandemia, sino también abordar las consecuencias económicas y la atención médica. Esto ya que este tema va a ocupar mucho tiempo y atención cuando el Congreso se reúna en enero

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Actualmente, la COVID-19 se ha vuelto la causa de la mayor cantidad de fallecidos en Estados Unidos. Además, el virus ha desencadenado consecuencias económicas históricas, lo que ha provocado la pérdida de empleos, una turbulencia récord en el mercado de valores y el cierre de innumerables empresas. También ha avivado acalorados enfrentamientos sociales y políticos sobre el uso de máscaras, el distanciamiento social y otras medidas que los científicos defienden para combatir la crisis.

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El presidente Trump ha enfatizado el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus y tratamientos antivirales como formas de combatir y contener el virus. Su administración lanzó Operation Warp Speed ​​para acelerar una vacuna, que según él podría estar disponible antes del 3 de noviembre. En un testimonio reciente ante el Congreso, el principal experto en salud pública, Anthony Fauci, dijo que las vacunas podrían comenzar a producirse en noviembre o diciembre.

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Hasta ahora, el gobierno federal ha contratado a seis compañías farmacéuticas, gastando casi USD 11 mil millones, como parte de la Operación Warp Speed. La operación tiene como objetivo proporcionar al menos 300 millones de dosis de una vacuna contra el coronavirus para enero de 2021. Cinco de las vacunas se encuentran en ensayos clínicos de fase III, la etapa final antes de que normalmente se otorgue la aprobación. La administración también ha gastado USD 225 millones en los esfuerzos de prueba de COVID-19 para áreas rurales.

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En agosto, Trump firmó una orden ejecutiva que ordena a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid ampliar los beneficios de telesalud para los beneficiarios de Medicare y las personas que viven en áreas rurales. La administración también autorizó fondos para 185 proveedores de telesalud en 38 estados.

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El presidente prohibió la entrada al país a los viajeros de China desde el 31 de enero, y ha dicho que esto demuestra que actuó rápidamente para combatir el virus y que la medida salvó vidas estadounidenses. Pero la prohibición tenía exenciones, y muchos expertos en salud pública han dicho que el presidente no actuó lo suficientemente temprano o agresivamente para contener el coronavirus, que a fines de enero ya había infectado a los estadounidenses.

The COVID-19 pandemic in the USA: what might we expect? - The Lancet

Un estudio, realizado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Escuela de Economía de Vancouver de la Universidad de Columbia Británica, estimó que se habrían salvado 40.000 vidas estadounidenses en abril y mayo si Trump hubiera lanzado un mandato de uso de mascarilla obligatorio a nivel nacional antes del 1 de abril, momento en el que las pruebas a nivel mundial eran insuficientes.

Five things you need to know about Trump's COVID-19 infection | US & Canada  | Al Jazeera

Trump ha delegado la responsabilidad principal de la crisis a los estados. Ha criticado públicamente a expertos en salud, como Fauci y funcionarios de la CDC, que han estado en desacuerdo con muchas de sus posiciones y declaraciones sobre temas como el uso de mascarillas.

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Trump ha promovido terapias no probadas y potencialmente peligrosas. Entre ellos: inyectar desinfectantes y usar luz ultravioleta en el interior del cuerpo, hidroxicloroquina y plasma de convalecencia. Rara vez se le ve con una máscara en público.

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Por otro lado, Biden ha esbozado un plan de acción detallado para la lucha contra el coronavirus. Entre sus propuestas, el exvicepresidente ha incluido pruebas de COVID-19 gratuitas para todos los estadounidenses, contratación de 100,000 rastreadores de contactos, la eliminación de los gastos de bolsillo para el tratamiento, entrega de equipo de protección personal (EPP) suficiente para los trabajadores esenciales, el apoyo para el desarrollo de vacunas y tratamientos médicos respaldados por la ciencia, el proceso de reapertura de negocios, lugares de trabajo y escuelas solo después de reducciones suficientes en la transmisión comunitaria, y el fortalecimiento de las salvaguardias para proteger a los estadounidenses en riesgo, incluidas las personas mayores.

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Biden, al igual que Trump, aboga por aumentar el salario de los trabajadores de la salud en riesgo en la primera línea de defensa. Además, el demócrata le daría a Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, licencia libre para hablar directamente con los estadounidenses sin restricciones.

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En agosto, Biden pidió que se emitiera un mandato sobre el uso de mascarilla a nivel nacional para frenar la propagación del coronavirus. Pero luego se retractó y sugirió que se aplicase siempre que legalmente no existiera algún problema.

Biden no ha detallado cómo pagaría muchas de estas iniciativas más allá de prometer que obligaría a los estadounidenses ricos a “pagar su parte justa” de impuestos para ayudar.

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Pocas cuestiones de política han dividido a republicanos y demócratas de manera tan significativa como la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, también conocida como Obamacare.

Trump inició su presidencia en el 2016 con la promesa de poner fin a esta ley desde el primer día, diciendo que exige injustamente que las personas y las grandes empresas compren un seguro o paguen una fuerte multa.

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Si bien eso no sucedió, ha trabajado con el Congreso y promovido acciones administrativas para debilitar, modificar o eliminar algunas de las disposiciones clave de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. La administración también presentó una demanda ante la Corte Suprema de los Estados Unidos pidiendo que se revoque la ley.

El fallecimiento de la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, y la nominación de la juez conservadora Amy Coney Barrett, podrían cambiar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Cada vez que se presenta algo ante la Corte Suprema, el resultado puede ser impredecible. Pero con la pérdida del juez Ginsburg, la perspectiva de que la ACA pudiera ser revocada, en su totalidad o en parte, se volvió más probable.

Supreme Court to Hear Obamacare Appeal - The New York Times

El fallecimiento de la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, y la nominación de la juez conservadora Amy Coney Barrett, podrían cambiar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Cada vez que se presenta algo ante la Corte Suprema, el resultado puede ser impredecible. Pero con la pérdida del juez Ginsburg, la perspectiva de que la ACA pudiera ser revocada, en su totalidad o en parte, se volvió más probable.

Como vicepresidente, Biden trabajó para que el Congreso aprobara la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Por ende, se espera que, a diferencia de Trump, un gobierno demócrata fortalecerá dicho programa, esto debido a que Biden y su equipo de campaña tienden a creer que el acceso a la atención médica es un derecho humano básico y que el gobierno tiene un papel que desempeñar para garantizar que la gente tenga ese derecho.

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Esta postura de Biden se diferencia de lo planteado por Trump, esto ya que los republicanos tienden a creer que el libre mercado puede abordar muchos de los problemas del sistema de salud. Y cuando deja a los actores del mercado libres para hacer lo que hacen, se impulsa la innovación y el otorgamiento de múltiples opciones. Por lo tanto, los republicanos quieren menos participación del gobierno y menos regulación. Ello, pese a que, por leyes del mercado, muchos estadounidenses no tengan el dinero suficiente para atenderse.

Pese a ello, hay algo en común y está relacionado con el tratamiento de las personas con afecciones preexistentes. Ambos candidatos dicen que las personas con afecciones preexistentes deben estar protegidas y abogan por la transparencia en los costos de atención médica para evitar facturas médicas inesperadas. Sin embargo, no se ponen de acuerdo sobre cómo abordar esos problemas.

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En ese sentido, Biden busca abordar los tratamientos de personas con afecciones preexistentes mediante el fortalecimiento de Obamacare. Biden busca hacerlo mediante el aseguramiento de una variedad de complementos que asegurarán a más de aproximadamente 97% de los estadounidenses. Esto implicaría que las mayores cargas de cobertura estarán en los empleadores con 50 o más empleados, y las aseguradoras quienes tienen prohibido rechazar o incrementar sus primas por asegurar a personas con afecciones preexistentes como diabetes, cáncer y enfermedades cardíacas.

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Biden basa su propuesta en el crecimiento de cobertura que ha tenido Obamacara. Esto ya que aproximadamente el 91,5% de los estadounidenses no ancianos están asegurados, según las últimas cifras de la Oficina del Censo, que muestran que la cantidad de personas sin seguro aumentó en aproximadamente 2 millones, a 27,9 millones, entre 2017 y 2018. Eso se compara con los 46,5 millones de estadounidenses sin seguro en 2010, año de la promulgación de la ley.

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Un componente clave del plan de atención médica de Biden es la creación de un seguro público similar a Medicare que no reemplazaría al seguro privado, pero serviría como una alternativa para las pequeñas empresas y las personas que no tienen cobertura, no pueden pagarla o no les agrada la cobertura provista por su empleador.

Este seguro cubriría a millones de estadounidenses sin seguro que viven en los 14 estados donde no han llegado Medicaid, que cubre a personas de bajos ingresos, según las disposiciones de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. En ese sentido, la propuesta de Biden consiste en inscribir automáticamente a esas personas sin seguro.

Ley De Cuidado Asequible Foto de stock y más banco de imágenes de  Asistencia sanitaria y medicina - iStock

Además, Biden propone expandir los subsidios de seguros federales ahora disponibles para las pólizas compradas a través de los mercados de seguros de salud y limitar los aumentos de costos de los seguros. El plan Biden costaría USD 750 mil millones en 10 años y se financiaría aumentando los impuestos a los ricos, lo que probablemente requeriría la aprobación del Congreso.

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Además, Biden propone reducir el límite de gasto federal en la cobertura de seguros para las familias del máximo actual del 9.86% de los ingresos al 8.5%.

A diferencia de Biden, después de varios intentos fallidos de los republicanos de derogar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, Trump ha utilizado sus poderes ejecutivos, iniciativas del Congreso y los tribunales para eliminar algunas de sus disposiciones.

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En el 2017, Trump trabajó con el Congreso, entonces controlado por el Partido Republicano, para eliminar la multa fiscal de la ley para los estadounidenses que no compraran seguro médico. En ese sentido, La Casa Blanca ha quitado fondos a programas destinados a ayudar a los estadounidenses sin seguro para que las personas puedan comprar seguros privados de acuerdo con su disponibilidad de recursos.

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La administración Trump también ha relajado las reglas sobre las aseguradoras de salud y ha permitido pólizas de seguro ligeras, es decir pólizas parciales que limitan los beneficios y excluyen la cobertura para algunas afecciones. La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio requería que todos los planes vendidos en Marketplaces cubrieran 10 beneficios esenciales, que incluyen salud mental, medicamentos recetados y atención durante el embarazo y la maternidad que no todos quieren o necesitan, de acuerdo con el sustento de Trump.

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Trump ha prometido ofrecer un plan alternativo que, según él, es una alternativa mejor y menos costosa, pero no ha presentado ningún plan de atención médica integral. El 24 de septiembre, Trump firmó una orden ejecutiva, llamada America First Healthcare Plan, que dijo garantiza la cobertura de personas con afecciones preexistentes.

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El precio de los medicamentos es un subconjunto de los crecientes costos de la atención médica y los seguros, que ambos candidatos se han comprometido a abordar si ganan las elecciones, aunque de forma muy distinta. Es importante señalar que los costos de los medicamentos han aumentado constantemente desde la aprobación de Obamacare en el 2010.

El gasto de Estados Unidos en medicamentos recetados ha aumentado casi un 42% durante la última década, de USD 253.1 mil millones en 2010 a USD 358.7 mil millones en 2020 (proyectado), según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

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Solo este año, los precios minoristas de 460 medicamentos comúnmente recetados están aumentando en un promedio de 5.2%, según un nuevo análisis de 3 Axis Advisors. Eso es más del doble de la tasa de inflación proyectada.

En ese sentido, hace dos semanas, Donald Trump emitió una orden ejecutiva destinada a reducir los costos de los medicamentos para las personas con Medicare. La orden ordena a los funcionarios federales que creen “proyectos de demostración” que requieran que Medicare pague los mismos precios por los medicamentos que en Europa y otras naciones, donde los costos de los medicamentos suelen ser más bajos.

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La industria farmacéutica denunció el plan y los expertos dicen que no está claro si la Casa Blanca puede llevarlo a cabo sin la aprobación del Congreso. La orden no tiene efecto inmediato y el proceso de convertir la orden en ley podría llevar meses o más, y probablemente será impugnado en la corte.

En su afán de convencer al electorado, el presidente ha impulsado otra idea que consiste en exigir a las compañías farmacéuticas que revelen los precios en la publicidad televisiva. Pero esa propuesta ha sido bloqueada por un tribunal federal.

Medicare Insurance: Georgia Medicare Insurance, Inc

El presidente ha hecho de su orden ejecutiva sobre el precio de los medicamentos de Medicare una pieza central de su campaña y su plan para reducir los costos de salud. La semana pasada, prometió enviar tarjetas por valor de USD 200 a las personas mayores para ayudarlas a pagar sus medicamentos recetados.

Trump también ha dicho que la FDA ha aprobado más medicamentos genéricos de menor precio bajo su presidencia que nunca. En los primeros 2 años de la presidencia de Trump, 2017 y 2018, la FDA aprobó más de 1,600 solicitudes de medicamentos genéricos, aproximadamente un tercio más que en los últimos 2 años de la administración Obama. En 2019, la FDA otorgó más de 1,000 aprobaciones finales y provisionales de medicamentos genéricos adicionales.

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En julio, Trump firmó órdenes ejecutivas para rebajar los precios de la insulina y la epinefrina para pacientes de bajos ingresos; permitir la importación de medicamentos de menor precio; combatir la especulación de los intermediarios conocidos como “administradores de beneficios farmacéuticos”; y garantizar que los estadounidenses paguen los precios más bajos disponibles entre los países desarrollados por los medicamentos de la Parte B de Medicare.

Los expertos dicen que las órdenes ejecutivas de Trump no se pueden hacer cumplir a menos que el Congreso apruebe una legislación específica que permita promulgarlas.

US Elections 2020 | Financial Market News | OANDA

Los problemas en el sistema de Salud de Estados Unidos son múltiples y es muy crítico en toda elección presidencial, más ahora en situación de pandemia. Aunque hay múltiples ideas comunes entre republicanos y demócratas, la diferencia proviene en la forma de abordarlos, ya que ello puede implicar mayores o menores costos para el aparato estatal, para las propias personas, para los empleadores y/o para las aseguradoras. Cierto es que la política de salud será una de las piezas claves en las elecciones del 03 de noviembre, y podrá inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Va a ser muy interesante quién se llevará esas laudes, y qué se esperará en Estados Unidos a partir del 04 de noviembre.

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