Hace un año, los chilenos llevaron su enojo por la desigualdad y la injusticia a las calles, insistiendo en que corregir los profundos problemas estructurales de la nación requeriría más que una reforma. Insistían que Chile necesitaría una nueva constitución con más derechos y mejores protecciones sociales.
Bajo esa premisa, y luego de 1 año de constantes enfrentamientos en las calles, protestas y levantamientos sociales, por fin este 25 de octubre, Chile llevará a cabo un referéndum que le hará a los votantes dos preguntas: ¿Debería Chile convocar una convención constitucional para redactar una nueva constitución? Si es así, ¿Quién debería redactar esa constitución? ¿Una asamblea que comprenda, de forma uniforme, a los representantes del Congreso y los ciudadanos, o una asamblea que comprenda sólo ciudadanos?
Aparentemente, y recogiendo datos de las recientes encuestas, los chilenos votarán, en su mayoría, por una nueva constitución redactada por sus compatriotas sin participación de los representantes del Congreso.
Los países suelen redactar nuevas constituciones sólo cuando terminan las guerras o cuando hacen la transición a la democracia. Y las convenciones constitucionales compuestas únicamente por ciudadanos son prácticamente desconocidas a nivel mundial. Chile muestra lo que las personas frustradas en las democracias pueden lograr cuando se levantan, y esto puede ser un antecedente serio para lo que pueda suceder en otras democracias débiles en Latinoamérica.
Analizando la historia en cuanto a gobiernos democráticos y la participación política de las mujeres se explica por qué el referéndum de Chile es, para usar un término apropiado en ciencia política, un gran problema.
La actual constitución de Chile se remonta a Augusto Pinochet, el dictador militar que gobernó este país desde 1973 hasta 1990. Pinochet perdió el poder en un referéndum de 1988, demostrando el potencial transformador de las iniciativas electorales en Chile. Pero incluso cuando Chile hizo la transición a elecciones libres y justas, el legado de Pinochet persistió en la constitución restrictiva de la era de la dictadura del país. En ese sentido, se definió un sistema electoral que limitaba el poder de la izquierda y favorecía a los titulares, reduciendo la rotación en el cargo. La falta de incentivos electorales para que los políticos escucharan a los votantes creó una clase política insular e insensible.
Durante un tiempo, estos problemas fueron ensombrecidos por la pujante economía de Chile. La economía chilena creció, en promedio, un 7% anual en la década de 1990 y continuó fuerte en el nuevo milenio.
El boom económico redujo la pobreza a niveles históricos pero las disparidades se hicieron más grandes, es así como los ricos se hicieron mucho más ricos. Gracias al sistema económico de libre mercado de Chile, basado libremente en el modelo estadounidense, pero con menos regulación, hoy el 10% más rico de los chilenos recibe casi el 40% de los ingresos del país. Chile es uno de los países más desiguales entre las naciones de la OCDE.
Mientras los ricos y las corporaciones de Chile disfrutan de bajos impuestos, sus pobres y ancianos luchan casi sin red de seguridad social. Mientras que los chilenos adinerados visitan clínicas médicas privadas de última generación con médicos capacitados en Estados Unidos, los pobres dependen de los hospitales públicos donde a menudo deben comprar sus propias jeringas, vendajes y medicamentos.
Los chilenos han reconocido desde hace mucho tiempo esta desigualdad, pero los presidentes que siguieron a Pinochet, ya sea de izquierda o de derecha, hicieron poco para alterar este modelo.
Mientras tanto, los gobiernos latinoamericanos desde México hasta Brasil invirtieron en una redistribución integral de la riqueza y aprobaron leyes que implementan cuotas de género para los candidatos legislativos. Muchos enmendaron sus constituciones para establecer claramente que los grupos históricamente excluidos como las mujeres y los pueblos indígenas disfrutaban de los mismos derechos. Bolivia incluso escribió una nueva constitución en 2008 reconociéndose a sí mismo como un país multiétnico y protegiendo la lengua, la cultura y las tierras indígenas.
Chile intentó abordar estos temas en 2017, expandiendo la cantidad de escaños en el Congreso, cambiando las reglas electorales para hacer las carreras más competitivas e introduciendo cuotas para mujeres candidatas. Pero fue muy poco, y fue demasiado tarde.
Los chilenos salieron por primera vez a las calles de la capital, Santiago, debido a un aumento en las tarifas del transporte público, el 14 de octubre de 2019. Las cosas se pusieron serias y violentas durante la noche del 18 de octubre, ya que cada vez más personas se unieron a las manifestaciones en lo que se convirtió en conocido como “el estallido” – la explosión o simplemente 18-O.
La semana siguiente, 1 millón de los 19 millones de habitantes de Chile marcharon por la reforma en todo el país, con demandas de amplio alcance. En ese sentido, los manifestantes estudiantiles querían educación superior gratuita, los pensionistas querían una jubilación digna, los trabajadores querían mejores salarios, las mujeres y las feministas querían acabar con la violencia de género, entre otras demandas sociales latentes en el país del sur.
Los manifestantes creen que una nueva constitución con más derechos crearía mandatos más fuertes para tales reformas. Las protestas se detuvieron sólo durante el apogeo del bloqueo pandémico de Chile. Entre octubre 2019 y febrero 2020, partes emblemáticas del centro de Santiago han sido destruidas, dos tercios de las estaciones de metro de la ciudad resultaron dañadas y 11 incendiadas y arruinadas. La policía disparó contra los manifestantes con balas de goma y muchos de los detenidos denunciaron una brutalidad extrema, que incluía agresiones sexuales e incluso torturas. Cientos resultaron heridos y 36 murieron.
La represión violenta no detuvo la furia en las calles. Un mes después de las protestas, el Congreso de Chile acordó realizar un referéndum para redactar una nueva constitución y dejar que los votantes decidan quién la redactaría. Como era de esperar, si los chilenos cotidianos redactan la nueva constitución del país, se reducirá el poder de decisión de la clase política.
Las mujeres también tendrán una mayor voz en el futuro de Chile. Solo dos mujeres se encuentran entre los 12 autores de la actual constitución. Pero las líderes feministas y las mujeres en el Congreso insistieron en “nunca más sin mujeres”, exigiendo que los ciudadanos elegidos para la convención constitucional sean mitad mujeres.
Cuando los hombres en el congreso se resistieron, las mujeres se quedaron fuera de la cámara coreando, “somos la mitad, queremos la mitad”. Ante la presión social, en diciembre 2019, el congreso cedió, por lo que se estableció que la mitad de los ciudadanos que redactarán la nueva constitución de Chile deben ser mujeres. Esto establece un estándar mundial innovador para la inclusión política de las mujeres.
La convención también reservará asientos para pueblos indígenas como los mapuches, un grupo marginado cuyas tierras ancestrales han sido robadas por el gobierno.
En un momento en que la gente de todo el mundo se está levantando para exigir un gobierno más equitativo y receptivo, desde el “Black Lives Matter” en Estados Unidos hasta el movimiento a favor de la democracia en Hong Kong, Chile muestra que las protestas sostenidas pueden traer un cambio radical. Todos los días, los chilenos, jóvenes y mayores, corrían riesgos excepcionales para mejorar su país, algunos pagaron con sus vidas. Hoy, incluso cuando se disparan las tasas de mortalidad de la COVID-19 en Chile, los chilenos todavía están en la calle, protestando por la desigualdad y haciendo campaña en el referéndum que se llevará a cabo este 25 de octubre. Quieren que sus conciudadanos voten “sí” a la redacción de una nueva constitución y le den la pluma al pueblo de Chile, no a sus políticos.
