Extinción de Fideicomisos Públicos en México

La oposición al plan del gobierno federal de abolir 109 fideicomisos públicos ha sido fuerte frente a la decisión de la cámara baja del Senado federal de aprobar la propuesta de extinción de los fideicomisos.

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Frente al Senado federal en la Ciudad de México se apostaron cientos de protestantes contra esta medida, mientras que científicos mexicanos y extranjeros denunciaron el plan. La propuesta aprobada incluye la transferencia del control de los fondos de los fideicomisos al Ministerio del Interior federal. Sólo este 2020, los 109 vehículos financieros han recibido 68 mil millones de pesos (USD 3.2 mil millones).

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El regulador gubernamental “Causa en Común” dijo a principios de octubre que el financiamiento para investigación científica, proyectos culturales, respuesta a desastres, defensa de los derechos humanos, protección de periodistas, desarrollo agrícola, becas para estudiantes y atención a víctimas del crimen sería puesto en riesgo si se aprobaba el plan.

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Integrantes de colectivos de derechos humanos y familiares de víctimas de delitos violentos bloquearon uno de los accesos al edificio del Senado para manifestar su oposición al plan, que el presidente López Obrador apoya con el argumento de que los fideicomisos representan oportunidades de corrupción.

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Debido a los bloqueos, las actividades regulares del Senado no pudieron continuar y los legisladores se retiraron a un hotel cercano para discutir la propuesta. El plan ya fue aprobado por el comité de finanzas del Senado, y solo un legislador del partido Morena, partido de gobierno, votó en contra. Con el apoyo de sus aliados, Morena tiene mayoría en la cámara alta del Congreso, lo que significa que la aprobación del plan parece ser una mera formalidad. Esto ya que, si bien los partidos de la oposición han rechazado la propuesta, estos votos fueron insuficientes para detener la propuesta.

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Los colectivos de investigadores mexicanos han enviado 127 cartas personalizadas a los senadores de Morena instándolos a votar en contra de la abolición de los fideicomisos, pero ninguno de los legisladores ha respondido.

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Así mismo, los colectivos han argumentado que la eliminación de los fideicomisos, muchos de los cuales apoyan la investigación científica y ninguno de los cuales enfrenta acusaciones formales de corrupción, representaría un retroceso. Los académicos dijeron que el país podría volver a los tiempos en que la financiación pública se destinaba a unos pocos investigadores seleccionados elegidos por burócratas en lugar de paneles de especialistas. Varios académicos ya han dicho que la abolición de los fideicomisos sería un golpe histórico para la ciencia y la cultura.

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Causa en Común dijo que la eliminación de los fideicomisos causaría “daños incalculables”, mientras que un grupo de 10 gobernadores de estados disidentes cuestionaron la legalidad de la propuesta.

Los académicos mexicanos que se oponen a la abolición de los fideicomisos cuentan con el apoyo de más de 700 científicos e investigadores internacionales que pusieron sus nombres en una “Carta de apoyo a los científicos mexicanos” que se publicó recientemente en línea y se compartió ampliamente en las redes sociales.

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Describieron la medida como “un duro golpe para la ciencia y la tecnología en México justo cuando el país necesita su contribución más que nunca” en una carta firmada por académicos de universidades de todo el mundo, incluidos prestigiosos institutos educativos como Harvard, Oxford y Yale.

Los académicos internacionales afirmaron que la abolición de los fideicomisos públicos cerraría la puerta a nuevos fondos de organismos privados, internacionales y multinacionales que actualmente apoyan la investigación académica en México.

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En ese sentido, preocupa que la colaboración de los investigadores internacionales con mexicanos sea considerablemente limitada, sobre todo en un contexto donde se ha desarrollado una serie de proyectos de investigación con intereses comunes.

Los políticos de la oposición afirman que los fondos que actualmente poseen los fideicomisos serán utilizados para gastos discrecionales del gobierno federal.

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Pero ¿Qué es un fideicomiso? Y ¿Porqué López Obrador insiste en que representa Oportunidades de Inversión? Un fideicomiso es un vehículo financiero que tiene diferentes participantes definidos claramente en el contrato del fideicomiso, los principales actores son el fideicomitente, el fideicomisario, el fiduciario, y lo beneficiarios.

Fideicomisos

En ese sentido, los fideicomisos públicos son vehículos que recibe dinero público para que se asigne a un objetivo específico de inversión. El fideicomisario (el Gobierno Federal) destina parte de su presupuesto público para financiar estos vehículos, con el dinero en el fideicomiso, el fideicomitente (panel especializado seleccionado por concurso público de forma independiente) toma decisión sobre a qué proyectos o grupos de personas (beneficiarios) va a financiar parte de ese fondo. El fiduciario, una entidad financiera, se encarga de administrar el fondo y de asegurarse que cada una de las instrucciones de uso de fideicomiso se realice de conformidad con el objetivo.

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En general, los fideicomisos son vehículos que se utilizan para evitar la malversación de fondos del tesoro público, se utilizan para que sobre la base de criterios técnicos sin aspiraciones personales o partidarias se destinen recursos públicos de forma irregular o de manera poco transparente. Un fideicomiso asegura la mayor transparencia de la gestión ya que se realiza sobre la base de cláusulas legales, delimitación especifica de actividades y de alcance.

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Pese a ello, para el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, los fideicomisos son oportunidades de corrupción pese a que históricamente no ha habido indicios ni evidencia de corrupción en la gestión de los fideicomisos. La expectativa aparentemente es más poder tener liquidez en las arcas públicas para poder financiar el presupuesto público que, debido a la pandemia y a la pésima gestión fiscal del 2019, ha quedado ajustado y ajustado para financiar gastos corrientes y de capital para lo que resta del 2020 y parte del 2021. Ello, como bien señalan los colectivos significaría el desfinanciamiento al desarrollo de la innovación mexicana, para poder financiar gastos corrientes del aparato estatal.

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En conclusión, esta medida significa un gran retroceso para el desarrollo social de México y para los avances científicos. México se ha caracterizado por ser el país de la región en tener mayores avances en innovación, mismo que se verá seriamente mermado con esta medida.

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