Tensión electoral en Perú

El 08 de julio del 2020, el presidente peruano Martín Vizcarra convocó de forma muy tempranera, con 277 días de anticipación, a las elecciones generales del 2021. Esto en respuesta a las múltiples voces de la oposición que auguraban que Vizcarra pretendía utilizar la crisis sanitaria de la pandemia para permanecer en la presidencia más allá del 28 de julio del 2021, fecha en el que, de acuerdo con la constitución, donde no se permite la reelección inmediata presidencial, debería cambiar la administración.

Es importante señalar que luego de la disolución constitucional del parlamento, ocurrida el 30 de septiembre del 2019, el presidente Vizcarra convocó a nuevas elecciones parlamentarias, mismas que ocurrieron el 20 de enero del 2020. Un nuevo grupo de congresistas asumieron el cargo por un plazo de 1 año, para completar el mandato congresal que dura 5 años en Perú y que termina el 26 de julio del 2021.

Con la llegada del nuevo congreso, se esperaban aires de cambios, de consensos, de mayor estabilidad política en un país que ha sido duramente golpeado por diferencias políticas desde el 2016. No obstante, la tensión entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo continuó siendo tensa y con vaivenes que, más allá de limar asperezas, han buscado socavar las bases democráticas de un país que, al igual que casi todos los países latinoamericanos, se caracteriza por tener una democracia débil.

Al igual que el congreso 2016-2020, este nuevo congreso constantemente ha estado en búsqueda de una vacancia presidencial, en claras señales de la búsqueda poder político de ciertos partidos políticos. Ni si quiera la situación de pandemia, y las crisis sanitaria y económica que se han desprendido de ello, ha podido frenar las intensiones políticas de varias tiendas partidarias, más aún considerando que tendrán que hacer una campaña presidencial y congresal en medio de una serie de restricciones de movilidad, a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

El 11 de septiembre del 2020, casi un año después de la disolución del congreso anterior, el nuevo congreso llevó a la sesión del parlamento el proceso de impeachment contra el Presidente de la República, mismo que terminó en fracaso. Aquel proceso de impeachment se dio luego de diversos procesos de interpelación y censura a diversos ministros de estado, y luego de relevaciones de audios obtenidos de forma ilícita por parte de uno de los parlamentarios (quién tiene serias denuncias y procesos legales por delitos de corrupción e interceptación ilegal de las comunicaciones) donde se escucha al presidente Vizcarra coordinar con sus secretarias las respuestas que darían ellas sobre las entradas de Richard Cisneros a Palacio de Gobierno.

Richard Cisneros es un artista quién ha sido cuestionado por obtener contratos con el Estado Peruano, a través del Ministerio de Cultura, para ofrecer servicios de coaching al personal del ministerio, y por el que se le ofreció miles de dólares como compensación. El cuestionamiento surgió por el contenido de las sesiones y por la carencia de certificaciones correspondientes para asumir dicha responsabilidad. La acusación contra Vizcarra fue de beneficiar a un amigo suyo para obtener órdenes de servicio del Estado Peruano.

No obstante la acusación contra Vizcarra, la sesión de impeachment dejó en evidencia que casi todos los congresistas que aprobaron la moción de vacancia tenían motivos distintos a la acusación formal por la que se formuló la propuesta. En muchos casos las razones estaban vinculadas con el manejo de la pandemia, y en otros casos por la mera percepción de no creerle al presidente de la República. Aunque parezca increíble, los motivos no eran suficientes si quiera para formular el impeachment, pero esa es la realidad del congreso peruano.

Casi un mes después, se ha formulado una nueva moción de vacancia contra el presidente Vizcarra, esta vez los mismos congresistas que formularon la primera moción ahora lo hacen por las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces en el caso Lava Jato dónde se vienen investigando una serie de obras de inversión pública de la región Moquegua, obras realizadas cuando Martín Vizcarra era presidente del Gobierno Regional de Moquegua, entre enero 2011 hasta diciembre 2014.

Esta moción de vacancia, de prosperar, pondría al Perú en una situación muy delicada. No sólo por la situación de crisis sanitaria y económica, sino que además generaría una crisis electoral seria considerando que ello modificaría las elecciones convocadas y se podrían posponer cómo consecuencia de esta medida.

La débil democracia peruana ha demostrado en este quinquenio, mismo que inició Pedro Pablo Kuczynski y que continuó Martín Vizcarra luego de la renuncia del primero, que existen una serie de debilidades en la constitución peruana respecto al manejo de los mecanismos de Cuestión de Confianza, Disolución del Congreso y Vacancia Presidencial. Estos podrían ser reformados por el congreso, pero no existe intencionalidad de reforma en este sentido por el congreso actual, y tampoco lo hubo por el congreso constitucionalmente disuelto.

La realidad es que hoy, a menos de 6 meses para las elecciones presidenciales y congresales, las fuerzas políticas que ven la situación de pandemia como un impedimento para desplegar sus campañas electorales están empujando una serie de iniciativas, en las que se incluyen la vacancia presidencial para posponer las elecciones en Perú. Hoy, bajo la constitución actual, aquella diseñada y aprobada durante el gobierno de Alberto Fujimori en 1993, el congreso podría vacar al presidente por cualquier motivo bajo el paraguas de “incapacidad moral”, y bajo esa perspectiva poder lograr el objetivo deseado.

Entre esas fuerzas están, el partido liderado por el extremista Antauro Humala – Unión Por el Perú- quién se encuentra en prisión por los delitos de sedición y asesinato. Otro de los partidos que impulsan esta medida es “Podemos Perú”, partido liderado por el ex partidario y colaborador del ex alcalde de Lima – ambos con procesos penales por corrupción, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y Lavado de Activos – y que busca lanzar a la presidencia a Daniel Urresti, actual congresista, quién se encuentra procesado por el asesinato de un periodista, y quién además se encuentra entre los principales candidatos presidenciales, de acuerdo a recientes encuestas.

Claramente los intereses personales de las fuerzas políticas se están moviendo muy fuerte en Perú y están jugando con las débiles estructuras de la democracia. En medio de la pandemia, mientras miles de vidas peruanas son arrebatadas por un sistema de salud que ha permanecido en pésimas circunstancias durante décadas, al parlamento peruano parece no importarle ello sino sus propios intereses políticos.

Todo ello genera un escenario de inestabilidad en el país y no sólo por ser un año electoral sino por el comportamiento irracional del congreso peruano. No sólo en materia política sino que también en cuánto a medidas económicas y sociales, este congreso se ha caracterizado por un populismo absurdo que pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero peruano y de las arcas del tesoro público.

Los electores tendrán una labor difícil este 11 de abril para renovar sus autoridades, sobre todo porque la oferta de candidatos no se pinta como la mejor, y cuesta creer que de nueva cuenta los peruanos tendrán que elegir entre lo que localmente se denomina “el mal menor”, que ya se ha convertido en una estrategia de votación para los peruanos.

Esa situación que se repite cada cinco años es la que carcome los cimientos de la democracia, esa que tanto costó recuperar en el 2001 luego del Fujimorato, y que genera cada vez más frustración en la población. No olvidemos que la frustración de las personas bajo una democracia débil puede estallar en una exigencia de cambio radical en todo sentido, y eso sería peor. Para evitar que ello suceda, las autoridades electas deberían llegar a consensos, y empezar a preparar las reformas constitucionales suficientes para fortalecer el esquema democrático en un país que grita y exige una mayor institucionalidad y estabilidad política.