La creciente ola de violencia de género en Latinoamérica

Al comienzo de la pandemia, países de todo el mundo vieron un aumento en la violencia doméstica a medida que las restricciones de los encierros cerraban a las mujeres con sus abusadores. América Latina, una región que registró altas tasas de violencia de género antes de la pandemia, sintió eso de manera aún más aguda.

Colombia

Durante la pandemia la ola de violencia de género se intensificó en Colombia, y se esperaba que, con el levantamiento de las restricciones y confinamiento de cinco meses, los feminicidios y violencia de género se redujeran. No obstante, los datos y evidencias del Observatorio de Feminicidios de Colombia nos dan cuenta de que los feminicidios siguieron una tendencia al alza en todo el país.

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En promedio casi tres mujeres por día fueron asesinadas en Colombia en septiembre, con 86 femicidios registrados durante todo el mes. Este es el total mensual más alto que los investigadores han documentado desde que comenzaron a rastrear los asesinatos en 2017.

El aumento de la violencia contra las mujeres es producto de los efectos en cadena a largo plazo de la pandemia, un resurgimiento de la violencia de los grupos armados en Colombia y las consecuencias económicas, que afectan de manera desproporcionada a las mujeres.

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En Colombia se vieron abrumados por un aumento inicial en los casos de violencia doméstica después de que el país entró en un cierre nacional en marzo. La violencia sexual y de género se ha utilizado durante mucho tiempo como herramientas de guerra, por parte de la guerrilla colombiana, para sembrar el terror en las comunidades.

En lo que va de 2020, el grupo ha registrado 445 casos de feminicidio, frente a 431 casos en el mismo período en 2019.Las cifras registradas en septiembre fueron más del doble que las registradas a principios de este año.

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Desde septiembre, los líderes de los derechos de las mujeres también han observado otro acontecimiento inquietante: a medida que los grupos armados se enfrentan en las zonas rurales y explotan las vulnerabilidades causadas por la pandemia para aumentar el reclutamiento de niños, se ha producido un aumento en el número de mujeres y niñas asesinadas por armas de fuego.

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Por otro lado, las consecuencias económicas causadas por la pandemia y los bloqueos han afectado de manera desproporcionada a las mujeres, poniéndolas en mayor riesgo. Pese a que antes del brote de COVID-19, Colombia tenía una de las brechas económicas de género más bajas de América Latina, en los últimos meses, industrias dominadas por mujeres, como el turismo y el sector de servicios, han sufrido graves impactos.

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En ese sentido, las mujeres de su comunidad que normalmente se mantenían a sí mismas trabajando de manera informal y vendiendo comida en la calle se quedaron sin ingresos, ya que el trabajo se agotó en medio del cierre. Esto ha despojado a las mujeres en riesgo de su propia “autonomía económica”, y con ello, su capacidad para escapar de una situación abusiva que podría escalar a algo tan extremo como el feminicidio.

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La pandemia dejó a más de 15,000 mujeres en Colombia en riesgo extremo de feminicidio, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia. Se han observado repuntes similares en otros países latinoamericanos como Guatemala y México.

Si bien los gobiernos locales y nacionales intentaron responder a la violencia, estableciendo recursos como líneas de atención de violencia doméstica locales y nacionales, esto no es suficiente y las mujeres siguen careciendo de recursos judiciales efectivos.

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Una línea no garantiza el acceso a la justicia, a la restitución de sus derechos. No, una llamada es solo una llamada. Este esfuerzo del gobierno se queda corto en comparación con el volumen de casos, asesinatos y violencia que se ha visto en la pandemia.

México

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó las elecciones de 2018 en una campaña de lucha contra las causas subyacentes de las dolencias sociales que afectan a la sociedad mexicana. Prometió luchar contra la violencia y el tráfico de estupefacientes eliminando su causa fundamental, la pobreza. Su plan fue resumido por su lema, “abrazos, no balas”. AMLO ha buscado ser la voz de los marginados y acabar con la corrupción endémica en la política mexicana. Pese a ello, su historial hasta ahora, sin embargo, refuta sus afirmaciones y deja mucho que desear, especialmente cuando se trata de violencia contra las mujeres.

Balazos y Abrazos

El 3 de agosto, el presidente celebró una victoria sobre el arresto de uno de los criminales más buscados de México, José Antonio Yepez Ortiz, “El Marro”, el presunto líder del cartel de Santa Rosa de Lima. Ese triunfo pronto fue seguido por la extradición de España de Emilio Lozoya, exjefe de la petrolera estatal PEMEX, por cargos de soborno y lavado de dinero, que finalmente implicó a expresidentes y varios congresistas.

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Si bien López Obrador ha promocionado el arresto del narcotraficante “El Marro” y la extradición de Emilio Lozoya por cargos de soborno y lavado de dinero, cómo una clara evidencia del supuesto éxito de su administración, él, como muchos populistas en la región, cree que puede moldear la opinión pública y la realidad únicamente a través de sus propias declaraciones, a pesar de todas las pruebas en contra. Sin embargo, inmediatamente después de estas supuestas victorias, un informe del gobierno capturó una estadística asombrosa: 17,493 homicidios en la primera mitad de 2020, lo que indica un aumento de casi el 2% respecto al 2019, lo que encamina a 2020 a ser el año más letal en el récord de México.

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Entre la cifra récord de homicidios se encuentra un fracaso político mucho mayor para combatir el feminicidio: el asesinato de mujeres por su género. El feminicidio subió 9.2% en comparación con el primer semestre de 2019, totalizando 489 muertes hasta junio de este año, según la Secretaría de Seguridad y Protección Civil (SSPC). El feminicidio se disparó en un 36% de mayo a junio. Si bien la violencia contra las mujeres ha sido problemática durante mucho tiempo en México, los encierros de COVID-19 sólo han empeorado la situación al forzar a muchas víctimas a situaciones peligrosas con sus agresores.

Violence against women up amid Latin America COVID-19 lockdowns | Colombia  News | Al Jazeera

Los recortes presupuestarios a los programas federales y estatales debido a la recesión económica y la disminución de los ingresos fiscales dificultarán la respuesta a las llamadas de abuso doméstico y el procesamiento de los feminicidios. En medio de estos acontecimientos extraordinarios, la respuesta de AMLO hasta ahora ha sido minimizar la naturaleza crónica de la violencia de género en México.

Violence against women up amid Latin America COVID-19 lockdowns | Colombia  News | Al Jazeera

Las llamadas de emergencia muestran cuán endémica es realmente la violencia. Hasta fines de julio, la línea de ayuda de emergencia había recibido 154,610 llamadas que informaban incidentes de violencia de género, un 47% más que en 2019, según la SSCP. AMLO ha afirmado en una rueda de prensa que el 90% de estas llamadas son “falsas”. Si bien los expertos coinciden en que muchas de las llamadas son “inadmisibles” o “infundadas”, regularmente estas llamadas no superan el 77%.

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El presidente está intentando utilizar el argumento de inadmisibilidad para refutar las estadísticas verificadas de llamadas de emergencia de su propio gobierno. Las cifras tampoco pueden dar cuenta de las muchas víctimas que no se comunican con las autoridades por miedo. Según una ONG independiente, 9 de cada 10 mujeres no denuncian violencia de género en México. En lugar de brindar compasión y respuestas a las víctimas, el presidente ha afirmado egoístamente que sus oponentes están usando estadísticas de feminicidios para ataques políticos.

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Más allá del trauma físico, el abuso doméstico y estatal contra la mujer también puede tener efectos profundos en el bienestar económico de la mujer. Según un informe de 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), más de 19 millones de mujeres informaron haber sido víctimas de abuso doméstico, y el 64% de los incidentes condujeron a violencia severa. Como resultado, cada víctima perdió un promedio de 30 días de trabajo remunerado y 28 días de trabajo no remunerado al año. El INEGI estima que entre octubre de 2015 y octubre de 2016, el costo total de la pérdida de ingresos de las mujeres que faltaron al trabajo por violencia doméstica ascendió a 4,400 millones de pesos (184 millones de dólares).

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Estas pérdidas a menudo perpetúan la dependencia de las mujeres de sus agresores, agravando lo que ya son circunstancias económicas desiguales. Según el Índice de Desarrollo de Género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las mujeres ganan en promedio USD 11,254 por año, menos de la mitad de los hombres, que ganan USD 24,286. Más mujeres dependen del empleo informal, con un 56,6% trabajando en el sector informal (sin incluir la agricultura) en comparación con el 48,4% de los hombres. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señaló que las mujeres solo representan el 38% de los beneficiarios de la seguridad social. Esta desigualdad económica y laboral ha significado que las mujeres se hayan visto desproporcionadamente afectadas por los bloqueos de COVID-19, el aumento del desempleo y la falta de acceso a los beneficios de la seguridad social.

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AMLO no ha respondido adecuadamente al problema y es probable que la situación empeore a menos que el gobierno haga un esfuerzo concertado. En agosto, un reportero confrontó al presidente por un informe de junio que mostraba un recorte de 37.5 millones de pesos a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Tras la negación del presidente, el gobierno emitió un comunicado en el que decía que no se realizarían tales recortes porque combatir la violencia de género era una tarea fundamental.

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Sin embargo, la respuesta aún está muy lejos de ser un intento significativo de erradicar los problemas endémicos en el sistema criminal y dentro de la cultura machista mexicana en general. Las medidas de austeridad del presidente no pueden producirse a expensas de las crecientes tasas de feminicidio y violencia contra las mujeres en todo el país. Más bien, un informe de julio del PNUD recomienda que el gobierno asuma más deuda para gastar en proteger a los grupos más vulnerables de los efectos socioeconómicos de la pandemia.

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A pesar de lo endémico que es el femicidio en México, solo está por detrás del número total de casos de Brasil en América Latina, la violencia de género es una pandemia que se está cobrando la vida de innumerables víctimas en todo el hemisferio. Según el Observatorio de Igualdad de Género de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, los países con mayor tasa de feminicidio por cada 100,000 mujeres son: El Salvador (6.8), Honduras (5.1), Bolivia (2.3), Guatemala (2.0) y República Dominicana (1.9). La tasa de feminicidios de México es de 1.4, lo que sugiere que, además de las medidas nacionales tomadas para detener esta pandemia, América Latina como región tiene mucho trabajo por hacer para proteger el bienestar de la mitad de sus ciudadanos.

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