Cuando las fuerzas económicas y sociales impulsan la violencia contra la mujer

El acceso a la justicia y reparación para las mujeres víctimas de violencia de género es un problema sistemático en el Perú. Un agente que juega un papel importante, muchas veces a favor de los agresores, es el poder socioeconómico que poseen, que es el resultado de la intersección entre machismo, clasismo y racismo, factores que hacen más vulnerables a las mujeres peruanas.

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Estos tres aspectos han estado inmersos en la sociedad desde la época colonial y se reflejan en los operadores judiciales. En ese sentido, el poder socioeconómico refuerza el riesgo de impunidad en las sentencias de agresores que cometieron delitos de violencia de género. Es un hecho que hay un trato diferenciado cuando el agresor es una persona que goza de una posición socioeconómica favorable. No depende del daño que se le haya hecho a la víctima, sino de qué características tiene esa persona que ha cometido el delito.

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En Perú se demostró reiteradamente que la justicia tiene un precio, ya que hay un grupo de mafias dentro del Poder Judicial donde todo se ha sido traficado, incluso con la integridad de las mujeres. Para ello, es necesario recordar el caso del exjuez supremo César Hinostroza, a quien se escuchó negociar la sentencia de un imputado que violó a una menor en una de las primeras cintas de los “audios de la vergüenza”.

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Lamentablemente, debido a que Perú no cuenta con instituciones sólidas que actúen democráticamente; es decir, considerando a todos los ciudadanos por igual, se seguirá siendo un país que se rige por jerarquías que ha marcado a la sociedad peruana desde la colonia con racismo.

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Debido al racismo, todo lo que se percibe como “blanco y extranjero” tiene más prestigio que “cholo e indígena”. A esto se suma un factor importante y determinante: el machismo, que se ha reforzado en el territorio peruano desde la colonización, durante el cual se impuso esa mirada hispana que considera a las mujeres como “moral y mentalmente inferiores a los hombres”.

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Con la colonización ambas desigualdades se entrelazaron, lo que resultó en que quienes ejercen el poder – y por tanto tienen más prestigio social – no son solo figuras masculinas, sino también quienes se acercan al lado blanco u occidental. Esta discriminación, que se ejerce todos los días en las relaciones sociales, también se reproduce en las instituciones estatales.

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El clasismo surge junto al racismo y al machismo, ya que es precisamente ese poder económico que otorga privilegios de clase al que “potencia la estrategia de defensa del agresor”. Si un agresor es de clase alta, de nivel socioeconómico y con posibilidades económicas, ese nunca será calificado cómo “el monstruo”.

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Sin embargo, la influencia del poder socioeconómico por parte de los agresores de las clases sociales privilegiadas no se manifiesta necesariamente a través del dinero, sino que se evidencia a través de prácticas que involucran corrupción, como el intercambio de favores o el tráfico de influencias.

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En ese sentido es importante hacer un recuento de algunos casos emblemáticos que nos demuestran este mal endémico en la sociedad peruana.

El caso de “La Manada” peruana

Similar al famoso caso de “La Manada” en España, en Lima cinco hombres fueron acusados de violar a una joven de 21 años tras una reunión en una vivienda residencial, sumando un nuevo caso a la alta tasa de violencia que sufren las mujeres en Perú.

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La víctima denunció que Diego Humberto Arroyo Elías, José Martín Arequipeño Vizcarra, Sebastián Zeballos Sanguinetti, Manuel Antonio Vela Farje y Andrés Fasardi San Sebastián, cuyas edades fluctúan entre los 21 y 26 años, violaron de forma grupal a la joven.

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Los acusados fueron detenidos y han sido sentenciados a prisión preventiva por 9 meses en lo que tardan las investigaciones para luego ir a juicio donde podrían ser sentenciados hasta por 26 años de cárcel, de acuerdo con el Código Penal Peruano. Los exámenes médicos confirmaron la agresión sexual y la ingesta de alcohol y drogas. Esto último constituiría un agravante para los inculpados.

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Lo más llamativo de este caso ha sido que hasta uno de los abogados de la defensa ha señalado que como atenuante del hecho, a la víctima de violación le gustaba “la vida social”. Esto ha encendido aún más los reclamos y protestas de la sociedad peruana, en medio de una lucha contra el machismo que aun parece ser una lucha contra la corriente.

El Caso Adriano Pozo

Desde 2015, Arlette Contreras inició una batalla legal contra Adriano Pozo. En un principio, el agraviado acudió al Tribunal de Justicia de Ayacucho, región donde se produjo el atentado. Sin embargo, a pesar de que incluso existe un video que registró la violencia que vivió Arlette, se dictaron sentencias que lo favorecieron.

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A dos días de dictada la primera sentencia, en la que el órgano de justicia de Ayacucho determinó un año de prisión suspendida por el delito de lesiones leves a Pozo, la joven denunció que Jorge Pozo Palomino, concejal de Huamanga y padre de Adriano, tenía vínculos con Tatiana Pérez García Blásquez, entonces presidenta de la Corte Judicial de Ayacucho.

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Luego de que el Juzgado Penal de Ayacucho volviera a absolver al agresor de los delitos de tentativa de feminicidio e intento de violación, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó el traslado del caso a la Corte Superior de Lima Norte.

Adriano Pozo, agresor de Arlette Contreras, fue condenado a 11 años de  prisión por tentativa de feminicidio | LIMA | PERU21

Luego de cuatro años del hecho, tres juicios orales, dos sentencias y una ardua pelea, el 8 de julio de 2019 el Tribunal Penal Colegiado Permanente de la Corte de Lima Norte condenó a Adriano Pozo a 11 años de prisión por intento de femicidio, pero fue absuelto del delito de intento de violación.

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Micaela de Osma vivió en Lima un episodio de violencia similar al de Arlette Contreras, perpetrado por Martín Alonso Camino Forsyth en el 2018. Cynthia Silva, quien fue abogada de Contreras, enfatiza el tiempo transcurrido para que los operadores judiciales dicten sentencia en ambos Casos. Camino Forsyth fue sentenciado a 11 años después de poco más de un año de juicio, mientras que a Pozo le tomó cuatro años llegar a la misma sanción.

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En estos casos el trato fue total y absolutamente diferenciado, tanto para las víctimas como por parte de los agresores. En el caso de Arlette pesaba mucho el poder y la influencia de la familia del agresor para que todo el peso de la ley no recayera sobre él como debería ser.

El caso Adolfo Bazán

La modelo Macarena Vélez denunció en el 2019 al abogado Adolfo Bazán por tocamientos indebidos. Como resultado, aparecieron otras víctimas de Bazán. Sin embargo, estas denuncias no fueron las únicas, pues en el 2018 una mujer lo denunció por dopaje y abuso sexual de ella.

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Bazán solo pasó cinco meses en prisión preventiva durante las investigaciones de la Fiscalía, y luego el caso fue archivado y se liberó a Bazán por la falta de acusación fiscal. Esto pese a que se presentaron pruebas grabadas por cámaras de videovigilancia que evidenciaron el abuso. Fue sólo cuando el caso Vélez se expuso en los medios de comunicación que la justicia puso sus ojos en el abogado.

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Tras la denuncia interpuesta por la modelo, Bazán intentó escapar del país para no cumplir prisión preventiva. Antes de su captura, el abogado intentó usar su poder económico para sobornar a los policías que lo capturaron.

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Este es otro ejemplo en el que la clase social, además del género, determina las nulas consecuencias que tienen que enfrentar las personas que gozan de privilegios de clase. Indica que a los ojos de la sociedad es imposible que sean vistos como perpetradores de violencia, a pesar de la evidencia. Esto tiene que ver con la idea de que los agresores tienen ciertas características estigmatizadas, de forma equivocada, en nuestra sociedad: gente pobre, sin acceso a la educación formal, y de mal aspecto. Es entonces cuando se les identifica como agresores o “monstruos”.

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Para estos agresores se los ve como si fueran buenas personas sólo porque ya tienen una carrera incorporada. Seguirán siendo grandes artistas, referentes académicos y políticos, aunque sean agresores o acosadores.

El caso Vicente Pastor

En el 2018, Vicente Pastor, que entonces tenía 17 años y era estudiante del Markham College, violó a una estudiante de Estados Unidos que estaba en un intercambio en Perú. Mackenzie Severns tenía 15 años y, luego de denunciar al abusador, la Fiscal de Familia provincial de la Fiscalía Provincial 14 de Lima, Lourdes Morales, cerró el caso.

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Pese a ello, la familia de la víctima apeló esta decisión hasta que, dos años después, finalmente lo condenaron a 12 meses de libertad restringida y a entregar una indemnización económica a favor de la víctima de 30,000 soles. Sin embargo, Pastor no fue privado de su libertad.

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Si este niño violador no fuera quien es, no tendría los recursos económicos que tiene, si viviera en zonas populares, lo más probable es que en este momento esté en el reclusorio para menores. Lamentablemente, el poder económico significa que la ley no necesariamente se aplica al delincuente. Se aplica a otros que no pueden pagar un séquito de abogados. Enrique Ghersi es el tercer abogado que asume la defensa de Vicente Pastor. Ghersi, quien representó al Congreso de la República ante la demanda interpuesta por el Ejecutivo contra la moción de vacante presidencial que se presentó contra Martín Vizcarra, anunció que apelará la sentencia (de libertad restringida y del pago de la reparación civil).

Zivy (@biutiredlips) | Twitter

En el caso de Vicente Pastor, se pudo evidenciar el racismo estructural que recorre a los encargados de administrar justicia. Si el agresor es una persona de clase alta, de nivel socioeconómico y con posibilidades económicas, ese nunca será “el monstruo”.

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Pastor quedó en libertad a pesar de que la defensa logró demostrar que él fue el agresor luego de escuchar la declaración de la víctima y la pericia psicológica de la niña.

Desigualdades sociales que golpean a las mujeres

Estos casos judiciales se habrían manejado de manera diferente si los agresores no hubieran tenido los privilegios que les otorga su poder económico.

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Si esto sucede con víctimas como Mackenzie Severns o Micaela de Osma, que parten con una desventaja por discriminación de género, pero al mismo tiempo tienen el privilegio de los recursos económicos para poder luchar en el ámbito judicial ¿Qué pasa con las víctimas quienes no tienen los mismos medios que estas mujeres?

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Las mujeres pobres y racializadas, en las que se cruzan las desigualdades denunciadas, son las más expuestas y vulnerables. Por ello, estas mujeres buscan una justicia alternativa que no sea a través de los canales estatales o de las instituciones para castigar socialmente a los agresores. Por ejemplo, muchas de estas víctimas recurren a relatar sus testimonios en las redes sociales para que quizá por presión social pueda hacerse justicia. Sin embargo, al contar públicamente sus testimonios de abuso, muchas mujeres son revictimizadas por una ola de críticas y cuestionamientos. Así comienza un nuevo ciclo de violencia, y desincentiva a que otras mujeres violentadas puedan exponer y denunciar sus casos.

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Este es el resultado de los diferentes obstáculos que surgen para acceder a la justicia y reparación. Obstáculos que parte de un aparato judicial totalmente opacado por las taras culturales como el machismo, el clasismo y el racismo; y que continua con una sociedad que de forma innata busca siempre acusar a la mujer por lo que le pueda suceder y nunca al victimario.

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