El Congreso de Perú admitió iniciar un nuevo proceso para destituir del cargo al presidente Martín Vizcarra por acusaciones de corrupción, un mes y medio después de que sobreviviera a un juicio político.
El presidente sobrevivió a su primer juicio político el 19 de septiembre después de que solo 32 legisladores votaran a favor de su destitución por supuestamente intentar interferir en una investigación de corrupción contra miembros de su gobierno.
Vizcarra, que no tiene representación de su propio partido en la legislatura y cuyo mandato finaliza en julio, sobrevivió a un intento de derrocamiento el 20 de septiembre en medio de tensiones políticas y una recesión económica provocada por la pandemia de coronavirus. Solo 32 de los 130 miembros del Congreso votaron a favor de su remoción.
El presidente, quien asumió el cargo en 2018 y tiene prohibido constitucionalmente buscar un nuevo mandato, había acusado de que la medida era un complot del Congreso, que fue elegido en enero después de que el presidente disolviera el parlamento anterior el año pasado durante una batalla con la oposición por sus reformas anticorrupción.
El Congreso de Perú votó para iniciar un proceso de juicio político contra el presidente Martín Vizcarra por segunda vez en dos meses, lo que aumentó la incertidumbre política para un país sumido en una profunda recesión y una devastadora pandemia. El congreso unicameral del país votó 60-40 a favor de admitir la moción de acusación, más de los 52 votos necesarios. Dieciocho legisladores se abstuvieron.
Los legisladores sopesaron seguir adelante con el proceso de juicio político a pedido de un grupo de legisladores por las acusaciones de que Vizcarra aceptó sobornos de alrededor de 2.3 millones de soles (637,000 dólares) de dos empresas que ganaron licitaciones de obras públicas cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua. Vizcarra ha negado las acusaciones y aún no hay evidencias concretas de ello salvo los testimonios de “aspirantes a testigos protegido”. La fiscalía abrió una investigación sobre Vizcarra el mes pasado con base en testimonios y documentos proporcionados por ejecutivos de la empresa implicada que buscan un acuerdo con la fiscalía para obtener determinados beneficios penitenciarios.
La turbulencia política en el gigante del cobre, Perú, se produce cuando el país superó los 900,000 casos de coronavirus y más de 34,500 muertes, con una de las tasas de mortalidad per cápita más altas del mundo.
El juicio político de Vizcarra será debatido y votado el 09 de noviembre, y si la moción recibe 87 votos, será destituido y reemplazado por el presidente del Congreso hasta que se celebren las elecciones.
Aunque Vizcarra no tiene representantes en el Congreso para defenderlo, parece poco probable que la oposición lo derroque. Sigue siendo un líder popular y encuestas recientes sugieren que la mayoría de los peruanos se oponen al juicio político y quieren que se enfrente a una investigación después de que termine su mandato en julio. El país debe celebrar elecciones generales el 11 de abril.
Legisladores de varios partidos dijeron que si bien están a favor de iniciar un proceso para obligar a Vizcarra a hacer su defensa en el Congreso, eso no significa que votarán por su destitución. Diethell Columbus, legislador del partido Fuerza Popular, dijo que Vizcarra debería tener la oportunidad de responder a las acusaciones. En ese sentido, el fujimorista señaló: “Lo mínimo que podemos hacer es admitir la moción de juicio político para el debate, y luego veremos el problema subyacente”.
Otto Guibovich, un legislador del partido Acción Popular, dijo que el Congreso tiene que demostrar que está combatiendo la corrupción y ejerciendo el control político. Comentó que “si no le mostramos a la población que en realidad estamos luchando contra la corrupción, ¿qué estamos haciendo aquí? Admitir la moción no significa necesariamente un juicio político, pero cumplimos con nuestro mandato constitucional “.
La moción acusa a Vizcarra de mentir repetidamente al país y busca su destitución por “incapacidad moral permanente”.
Los procedimientos serán una distracción para el gobierno, ya que busca apuntalar el crecimiento económico luego de una contracción mundial, a la par que buscar fortalecer el sistema de salud ante la inminente llegada de la 2da ola. Perú también tiene el mayor número de muertes per cápita por la COVID-19.
Vizcarra, de 57 años, ha mantenido altos índices de aprobación durante gran parte de su presidencia después de embarcarse en una campaña para limpiar la política y el poder judicial. Disolvió el Congreso en septiembre de 2019 después de repetidos enfrentamientos con la oposición por las medidas contra la corrupción.
Es el segundo líder peruano que enfrenta un proceso de juicio político en menos de tres años. Su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, renunció luego de que un legislador de la oposición publicara videos que mostraban a sus aliados aparentemente negociando votos para evitar su derrocamiento.
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