Tiempos de reforma policial en América Latina

Años de expectativas frustradas e insatisfacción con las políticas sociales de los gobiernos estallaron en muchos países de América Latina en el 2019, lo que provocó protestas masivas. Este 2020, las medidas tomadas en respuesta a la pandemia han obligado a las personas a morder sus ansiedades en la soledad de sus hogares. Pero las causas subyacentes del malestar social no se han resuelto.

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La desigualdad económica, un tema central de las manifestaciones del año pasado, se ha vuelto aún más evidente durante la pandemia. Además, todavía prevalecen muchas otras preocupaciones detrás de las protestas, como el deficiente sistema de pensiones de Chile y los asesinatos de defensores de los derechos humanos en Colombia.

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En las últimas semanas se han producido grandes manifestaciones en Chile, Colombia y Costa Rica, así como en Perú, en respuesta a la reciente destitución de su presidente. A medida que la crisis de la COVID-19 disminuye, el malestar social puede aparecer en las calles de otros países.

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En 2019, Human Rights Watch documentó decenas de casos en los que la policía y, en algunos casos, las fuerzas armadas respondieron a manifestaciones con fuerza excesiva e imprudente en Ecuador, Colombia, Chile, Haití y Bolivia, que resultaron en cientos de heridos graves y muchos homicidios ilegítimos. Algunos de los manifestantes también cometieron actos de violencia. En Ecuador, los manifestantes retuvieron a decenas de agentes contra su voluntad durante varias horas y en Chile más de 1.800 agentes resultaron heridos durante las protestas.

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La policía ciertamente puede arrestar a personas que cometen delitos. Pero el año pasado, los oficiales a menudo usaron fuerza excesiva, incluso contra manifestantes pacíficos y transeúntes. La violencia policial desencadenó con frecuencia más disturbios.

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Los abusos policiales en América Latina suelen ser el resultado de una impunidad generalizada, la falta de supervisión y una cultura institucional que permite y, en ocasiones, fomenta el abuso.

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Teniendo en cuenta lo que sucedió el año pasado, los gobiernos deberían promulgar reformas urgentes en tres áreas: protocolos y equipos para el control de multitudes; autoridad para detener a manifestantes y el trato a los detenidos; y responsabilidad por los abusos.

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Primero, la policía debe tener reglas claras y capacitación para proteger los derechos humanos durante las protestas. La policía debe usar la fuerza solo como medida de último recurso y siempre de manera proporcional a amenazas específicas.

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En 2019, los oficiales usaron lo que muchos de ellos llamaron armas “no letales” casi como si fueran juguetes. Los gases lacrimógenos, las escopetas de perdigones y las pistolas Taser no son armas “no letales”, sino armas “menos letales” que pueden causar lesiones graves y la muerte.

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Hace un año, tres policías chilenos dijeron que las escopetas de perdigones que estaban usando contra los manifestantes eran inofensivas incluso cuando se disparaban a quemarropa. Para entonces, más de 200 manifestantes habían sufrido heridas en los ojos causadas por esas escopetas. A solicitud de Human Rights Watch, y a la luz de un informe técnico sobre la composición de los perdigones, la policía chilena prohibió el uso de la escopeta en la mayoría de las circunstancias.

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En segundo lugar, las reformas deben poner fin a la detención arbitraria y el maltrato de los detenidos, que se ven facilitados por leyes demasiado amplias y fallas estructurales en la supervisión. En Colombia, los agentes detuvieron a los manifestantes abusando de una regla que les permite “transferir” a una persona para “protegerla”. En Ecuador, muchos manifestantes fueron acusados ​​del delito ampliamente definido de “rebelión”. En Chile, los agentes obligaron a muchos detenidos, incluidos niños, a desvestirse y a ponerse en cuclillas desnudos.

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Y tercero, cuando ocurren abusos, deben ser castigados. Algunos países tienen leyes que facilitan la impunidad.

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En Bolivia, más de 20 manifestantes murieron en noviembre de 2019 después de que el gobierno interino emitiera un decreto que otorgaba a las fuerzas armadas una discreción excesivamente amplia en el uso de la fuerza contra los manifestantes. Aunque el gobierno derogó el decreto poco después, nadie ha sido responsabilizado por esas muertes.

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En Colombia y Brasil, muchos oficiales que cometen abusos son juzgados por tribunales militares que no garantizan investigaciones imparciales e independientes. Incluso en países donde existen leyes adecuadas, las investigaciones sobre abusos policiales tienden a avanzar muy lentamente. En Chile, solo un policía ha sido condenado por los abusos cometidos durante las protestas del año pasado. Ningún oficial ha sido condenado en Ecuador, Bolivia o Colombia.

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Para ser justos, los sistemas de justicia de la región son lentos para garantizar la rendición de cuentas en todos los casos. Pero la falta de voluntad política para avanzar en las investigaciones contra agentes de policía y la cooperación limitada de las fuerzas de seguridad dificultan aún más los procesos judiciales que involucran a la policía. Mientras tanto, los procedimientos disciplinarios internos tienden a ser opacos, arbitrarios y propensos a ocultar abusos.

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Los gobiernos de la región parecen haber aprendido poco de las protestas de 2019. En El Salvador, Honduras y Argentina, las fuerzas de seguridad han cometido graves abusos al aplicar medidas contra la propagación del COVID-19, así como en respuesta a manifestaciones.

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El caso más reciente proviene de Perú, donde la policía utilizó gases lacrimógenos y pistolas de perdigones de manera desmedida, y agentes vestidos de civil realizaron detenciones arbitrarias. Dos manifestantes murieron. En Colombia, 13 personas murieron y cientos resultaron heridas durante las protestas de septiembre.

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Chile es el único país de la región que está discutiendo seriamente la reforma policial. En Colombia, la Corte Suprema decretó recientemente que deben realizarse reformas. Sin embargo, ninguno de los dos países ha promulgado cambios significativos hasta ahora.

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En otros países se han producido graves reveses. Perú aprobó en marzo del 2018 una ley que dificulta el enjuiciamiento de los policías que usan fuerza excesiva. Ecuador aprobó una regulación similar para las fuerzas armadas, aunque la Corte Constitucional del país detuvo su aplicación.

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Los abusos no son el resultado de unas pocas manzanas podridas, sino de deficiencias estructurales. Los latinoamericanos necesitan fuerzas policiales profesionales que cuenten con la capacitación y supervisión necesarias para ser responsables de su desempeño. Llegar allí será un proceso largo, pero debe comenzar de inmediato, por el bienestar tanto de los ciudadanos como de la policía.

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