Nadie quiere pesos: el colapso de la moneda argentina da un vuelco al negocio

Los tipos de cambio paralelos están imposibilitando la vida de las empresas argentinas, obstaculizando su capacidad para planificar y creando un dolor de cabeza diario para discernir cuánto vale el peso argentino.

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La batalla de Argentina por controlar su moneda está volcando la segunda economía más grande de América del Sur, causando estragos en todo, desde las finanzas del hogar hasta la producción y venta de bienes comunes. Todo apuntaría a que puede haber una gran devaluación en el horizonte a pesar de la oposición pública del presidente Alberto Fernández.

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Las medidas que incluyen impuestos sobre las compras de dólares y las demandas de que algunas empresas reestructuran sus deudas denominadas en dólares han fracasado, lo que ha aumentado la brecha entre el tipo de cambio oficial y el del mercado negro desde 1989, sin impulsar las reservas internacionales.

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Los controles sobre el peso y el aumento de la impresión de dinero se están sumando a la pandemia del coronavirus y amplificando los problemas económicos existentes, como una recesión de tres años y una de las tasas de inflación más rápidas de América Latina, todo mientras evoca recuerdos de crisis pasadas.

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No se puede desdolarizar la mentalidad de una nación simplemente cortando su acceso a dólares, más bien, la única forma de convencer a los agentes de que piensen en términos de pesos argentinos es tener políticas que hagan creíble la moneda. Hasta ahora, todavía no se logran ver esas políticas.

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Los tipos de cambio paralelos están imposibilitando la vida de las empresas argentinas, obstaculizando su capacidad para planificar y creando un dolor de cabeza diario para discernir cuánto vale el peso. Para muchos propietarios de diversas empresas argentinas, cualquier cambio en la tarifa oficial impacta inmediatamente en los precios de sus insumos.

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Además, algunos proveedores trabajan con precios atados a un nivel intermedio entre el peso oficial y la tasa del mercado negro. Cómo hoy en día funciona es que muchos proveedores envían facturas abiertas con la cantidad de productos, pero sin precios, así el día que se envían los productos entonces se determina el precio según lo que marque ese día el tipo de cambio (del mercado negro), y los empresarios buscan pagar de inmediato para que dicha tasa no varíe de un día para otro ya que cada semana los empresarios enfrentan un nuevo precio.

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La brecha cada vez mayor entre el tipo de cambio oficial y el paralelo está avivando los temores de los consumidores de que se avecina una gran devaluación. Mientras tanto, la inflación anual cercana al 40% se suma a la sensación de que la moneda local está perdiendo valor rápidamente.

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Como resultado, muchos argentinos comunes se apresuran a descargar sus pesos a toda costa. Por este motivo, nadie quiere pesos argentinos, así los clientes ya no se fijan en la variación de los precios, simplemente compran.

La escasez de suministros en medio de un estricto bloqueo por coronavirus también se ha sumado a la incertidumbre. Ambos efectos han contribuido a tener un entorno económico débil y con mucha incertidumbre en Argentina.

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El gobierno de Fernández ha tomado medidas drásticas sobre las importaciones para evitar que los dólares fluyan fuera del país, lo que provocó una escasez de productos clave del exterior. Como resultado, en muchas industrias (como el automotriz, por ejemplo) ya sufren de escasez de inventarios de insumos para distribuir a nivel nacional. Ello ha impactado en muchas industrias colindantes y también en los niveles de inflación.

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El mercado nacional de alimentos es otro sector muy afectado por las restricciones. Hay escasez de productos que tienen algunos componentes importados, como la mostaza, por ejemplo. En ese sentido muchos productos, parte de la canasta básica, han sido afectados y los bolsillos de los hogares sufren cada vez más por la inflación que consume la capacidad de gasto de los argentinos.

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Por el lado del sector inmobiliario, si bien ha sido una práctica estándar vender propiedades argentinas en dólares estadounidenses, esto se ha incrementado en estos últimos años. La falta de confianza en el peso argentino dificulta la determinación de los costos futuros de la vivienda, especialmente porque los controles de capital obligan a los argentinos a usar el mercado negro para comprar dólares o acordar pagar en pesos con base en la tasa de cambio informal.

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Los alquileres permanentes y temporales se están dolarizando en algunas localidades y para algunos consumidores en los segmentos más importantes. Es muy difícil para el propietario del hogar pronosticar precios con esta volatilidad.

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La realidad es que el peso argentino parece que se dirige a un abismo nuevamente. Luego del periodo kirchnerista, del gobierno de derecha de Macri y del retorno del kirchnerismo con Fernández a la cabeza, parece que la moneda argentina no se estabiliza y no lograr sentar cabeza. Esto se complica aún más en un escenario de crisis mundial generado por la pandemia del nuevo coronavirus.

El enfrentamiento de Ecuador contra la COVID-19

Ecuador ha firmado acuerdos de suministro con importantes empresas farmacéuticas, incluidas Pfizer Inc y BioNTech, para proporcionar millones de vacunas COVID-19, dijo el miércoles el ministro de Salud, y agregó que está buscando conversaciones con laboratorios chinos para obtener más suministros.

La imagen puede contener: una o varias personas, texto que dice "¿CÓMO ACCEDERÁ ECUADOR A VACUNA ec CONTRA EL COVID-19? ¡ALCANCE DE LA INICIATIVA COVAX FACILITY!"

El país andino, que enfrenta una recesión económica agravada por la pandemia, ha obtenido fondos a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el acceso a la vacuna COVAX, que lidera la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Si bien no hay pruebas científicas sobre la efectividad de las vacunas sobre una población específica, el gobierno ecuatoriano está apuntando a todas las posibilidades. Esto con miras a poder abastecerse, de forma temprana, con una vacuna eficaz y segura, que llegue al país a tiempo y a un precio razonable.

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El gobierno del presidente Lenin Moreno también firmó un acuerdo de suministro de vacunas con AstraZeneca Plc y una carta de intención para comprar otros 2 millones de dosis de COVAXX, una unidad de United Biomedical Inc. También ha iniciado conversaciones con Johnson & Johnson, Novavax Inc y Moderna Inc, y ha notificado a tres laboratorios chinos su interés en iniciar conversaciones.

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Las autoridades ecuatorianas esperan que las vacunas comiencen a llegar en 2021, con prioridad para los profesionales de la salud y los trabajadores en riesgo de exposición.

Por el lado económico, para respaldar el programa de estabilización y recuperación de Ecuador en el corto plazo y ayudar a que su economía se vuelva más dinámica y competitiva en el mediano plazo, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó un nuevo acuerdo de servicio extendido de fondos por USD 6.500 millones el 30 de septiembre de 2020.

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La pandemia y la fuerte caída de los precios del petróleo tuvieron un impacto devastador en la economía ecuatoriana. Los datos preliminares indican que la actividad económica colapsó en un récord de 12.4% en el segundo trimestre, en comparación con una caída de 2.3% en el primer trimestre. Esto fue impulsado por contracciones del 18.5% en la inversión total y del 12% en el consumo privado. El desempleo subió al 13% en junio, diez puntos por encima del final del 2019, y cientos de miles se han visto empujados a la pobreza.

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A pesar de las dificultades, el gobierno ecuatoriano tomó acciones decisivas para mitigar el impacto adverso de la pandemia en hogares y empresas. Esto incluyó la creación de un programa especial de transferencia de efectivo, la ampliación de la red de seguridad social a las personas más vulnerables y la ampliación temporal del seguro de desempleo. A las personas se les permitió retrasar ciertos pagos, como matrículas, servicios públicos y seguro médico. También se implementaron controles temporales de precios para los alimentos básicos.

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Las tareas inmediatas son estabilizar la economía, proteger vidas y medios de subsistencia y ampliar los programas de asistencia social. Los objetivos más amplios incluyen el fortalecimiento de la gobernanza y la transparencia de los ingresos y gastos. Para lograrlos, el gobierno planea aumentar el número de familias de bajos ingresos que obtendrían apoyo financiero, gastarían más en reactivar la economía y en servicios esenciales como salud y educación, pagar las facturas impagas acumuladas, mejorar la transparencia en las compras públicas y promover la transparencia de la deuda.

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A medida que la economía se recupere, el programa tendrá como objetivo asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, fortalecer las instituciones nacionales y sentar las bases para una economía más dinámica y competitiva que pueda generar más empleos y un crecimiento sólido y duradero que beneficie a todos los ecuatorianos.

En ese sentido, algunas medidas inmediatas para atacar la crisis que ha adoptado el gobierno ecuatoriano ha sido la reasignación de recursos del tesoro público hacia el gasto para apoyar vidas y medios de subsistencia. Por otro lado, la administración de Lenin Moreno ha obtenido un financiamiento del FMI para ampliar el nivel de gasto enfocado en la recuperación económica mediante la inversión en proyectos y programas sociales dirigidos a la población más vulnerable a través de redes de seguridad social.

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En el mediano plazo, el desafío será devolver la deuda pública a niveles sostenibles, de acuerdo con las metas de endeudamiento de Ecuador, que ahora están consagradas en la ley. El alto nivel de endeudamiento no es sólo una presión persistente sobre las finanzas públicas, sino que es una carga para las generaciones futuras. Una menor carga de la deuda permitirá al gobierno concentrarse en la creación de empleo y crecimiento e invertir más en educación y salud.

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A principios de la pandemia, Ecuador obtuvo un exitoso canje internacional de bonos que permitirá ahorrar USD 1.5 mil millones en pagos de intereses sólo en 2021, y miles de millones más en los próximos años. A medida que la economía se recupere, las finanzas públicas también comenzarían a recuperarse automáticamente.

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Más allá de eso, la reducción de la deuda requiere dos ingredientes clave: uno es aumentar el potencial de crecimiento de Ecuador, lo que requiere reformas estructurales integrales a largo plazo. El otro, más inmediato, es calibrar cuidadosamente las medidas de ingresos y gastos para seguir respaldando el crecimiento y, al mismo tiempo, tener en cuenta cómo se ven afectadas las personas de diferentes niveles de ingresos.

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Por el lado de los ingresos, una reforma fiscal inteligente y progresiva puede aumentar los ingresos y respaldar las empresas y la creación de empleo. Por el lado del gasto, el dinero público se puede ahorrar con procesos más eficientes y transparentes para inversiones y adquisiciones (compra de bienes y servicios).

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En todos los países, la pandemia provocó un colapso de los ingresos públicos, al tiempo que requirió un gran aumento del gasto en salud y protección social. Además de eso, Ecuador se vio afectado por la caída de los precios del petróleo y perdió el acceso a los mercados de capital. Esta combinación generó necesidades de financiamiento fiscal y externo estimadas en 16% y 11% del PIB, respectivamente, para 2020. Es por eso que el FMI planea desembolsar USD 4 mil millones, del total USD 6.5 mil millones, este año, la mitad de manera inmediata. Esto no es algo inusual, ya que los programas del FMI son lo suficientemente flexibles para adaptarse a las necesidades financieras específicas de los países.

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El colapso de los ingresos ha obligado al gobierno ecuatoriano a tomar decisiones difíciles sobre cómo priorizar los recursos más escasos. Los nuevos financiamientos obtenidos aliviarán esa presión, permitiendo al gobierno gastar en servicios esenciales como salud, educación y también liquidar algunas facturas impagas. Muchos ecuatorianos perdieron sus trabajos y muchos han caído o están en riesgo de caer en la pobreza. Por lo que estas ayudas financieras deberían ayudar al gobierno a proporcionar suficientes transferencias de efectivo a los más vulnerables y reactivar la economía. La duración del programa de 27 meses se diseñó para garantizar que la nueva administración pueda desarrollar su propio programa de reformas mientras cuenta con el apoyo financiero del FMI y de la comunidad internacional hasta 2022.

Cuando las fuerzas económicas y sociales impulsan la violencia contra la mujer

El acceso a la justicia y reparación para las mujeres víctimas de violencia de género es un problema sistemático en el Perú. Un agente que juega un papel importante, muchas veces a favor de los agresores, es el poder socioeconómico que poseen, que es el resultado de la intersección entre machismo, clasismo y racismo, factores que hacen más vulnerables a las mujeres peruanas.

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Estos tres aspectos han estado inmersos en la sociedad desde la época colonial y se reflejan en los operadores judiciales. En ese sentido, el poder socioeconómico refuerza el riesgo de impunidad en las sentencias de agresores que cometieron delitos de violencia de género. Es un hecho que hay un trato diferenciado cuando el agresor es una persona que goza de una posición socioeconómica favorable. No depende del daño que se le haya hecho a la víctima, sino de qué características tiene esa persona que ha cometido el delito.

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En Perú se demostró reiteradamente que la justicia tiene un precio, ya que hay un grupo de mafias dentro del Poder Judicial donde todo se ha sido traficado, incluso con la integridad de las mujeres. Para ello, es necesario recordar el caso del exjuez supremo César Hinostroza, a quien se escuchó negociar la sentencia de un imputado que violó a una menor en una de las primeras cintas de los “audios de la vergüenza”.

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Lamentablemente, debido a que Perú no cuenta con instituciones sólidas que actúen democráticamente; es decir, considerando a todos los ciudadanos por igual, se seguirá siendo un país que se rige por jerarquías que ha marcado a la sociedad peruana desde la colonia con racismo.

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Debido al racismo, todo lo que se percibe como “blanco y extranjero” tiene más prestigio que “cholo e indígena”. A esto se suma un factor importante y determinante: el machismo, que se ha reforzado en el territorio peruano desde la colonización, durante el cual se impuso esa mirada hispana que considera a las mujeres como “moral y mentalmente inferiores a los hombres”.

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Con la colonización ambas desigualdades se entrelazaron, lo que resultó en que quienes ejercen el poder – y por tanto tienen más prestigio social – no son solo figuras masculinas, sino también quienes se acercan al lado blanco u occidental. Esta discriminación, que se ejerce todos los días en las relaciones sociales, también se reproduce en las instituciones estatales.

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El clasismo surge junto al racismo y al machismo, ya que es precisamente ese poder económico que otorga privilegios de clase al que “potencia la estrategia de defensa del agresor”. Si un agresor es de clase alta, de nivel socioeconómico y con posibilidades económicas, ese nunca será calificado cómo “el monstruo”.

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Sin embargo, la influencia del poder socioeconómico por parte de los agresores de las clases sociales privilegiadas no se manifiesta necesariamente a través del dinero, sino que se evidencia a través de prácticas que involucran corrupción, como el intercambio de favores o el tráfico de influencias.

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En ese sentido es importante hacer un recuento de algunos casos emblemáticos que nos demuestran este mal endémico en la sociedad peruana.

El caso de “La Manada” peruana

Similar al famoso caso de “La Manada” en España, en Lima cinco hombres fueron acusados de violar a una joven de 21 años tras una reunión en una vivienda residencial, sumando un nuevo caso a la alta tasa de violencia que sufren las mujeres en Perú.

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La víctima denunció que Diego Humberto Arroyo Elías, José Martín Arequipeño Vizcarra, Sebastián Zeballos Sanguinetti, Manuel Antonio Vela Farje y Andrés Fasardi San Sebastián, cuyas edades fluctúan entre los 21 y 26 años, violaron de forma grupal a la joven.

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Los acusados fueron detenidos y han sido sentenciados a prisión preventiva por 9 meses en lo que tardan las investigaciones para luego ir a juicio donde podrían ser sentenciados hasta por 26 años de cárcel, de acuerdo con el Código Penal Peruano. Los exámenes médicos confirmaron la agresión sexual y la ingesta de alcohol y drogas. Esto último constituiría un agravante para los inculpados.

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Lo más llamativo de este caso ha sido que hasta uno de los abogados de la defensa ha señalado que como atenuante del hecho, a la víctima de violación le gustaba “la vida social”. Esto ha encendido aún más los reclamos y protestas de la sociedad peruana, en medio de una lucha contra el machismo que aun parece ser una lucha contra la corriente.

El Caso Adriano Pozo

Desde 2015, Arlette Contreras inició una batalla legal contra Adriano Pozo. En un principio, el agraviado acudió al Tribunal de Justicia de Ayacucho, región donde se produjo el atentado. Sin embargo, a pesar de que incluso existe un video que registró la violencia que vivió Arlette, se dictaron sentencias que lo favorecieron.

Poder Judicial absuelve a Adriano Pozo, agresor de Arlette Contreras -  Cutivalú Piura

A dos días de dictada la primera sentencia, en la que el órgano de justicia de Ayacucho determinó un año de prisión suspendida por el delito de lesiones leves a Pozo, la joven denunció que Jorge Pozo Palomino, concejal de Huamanga y padre de Adriano, tenía vínculos con Tatiana Pérez García Blásquez, entonces presidenta de la Corte Judicial de Ayacucho.

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Luego de que el Juzgado Penal de Ayacucho volviera a absolver al agresor de los delitos de tentativa de feminicidio e intento de violación, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó el traslado del caso a la Corte Superior de Lima Norte.

Adriano Pozo, agresor de Arlette Contreras, fue condenado a 11 años de  prisión por tentativa de feminicidio | LIMA | PERU21

Luego de cuatro años del hecho, tres juicios orales, dos sentencias y una ardua pelea, el 8 de julio de 2019 el Tribunal Penal Colegiado Permanente de la Corte de Lima Norte condenó a Adriano Pozo a 11 años de prisión por intento de femicidio, pero fue absuelto del delito de intento de violación.

Adriano Pozo dice que no quiso matar a Arlette Contreras | Huaral.pe

Micaela de Osma vivió en Lima un episodio de violencia similar al de Arlette Contreras, perpetrado por Martín Alonso Camino Forsyth en el 2018. Cynthia Silva, quien fue abogada de Contreras, enfatiza el tiempo transcurrido para que los operadores judiciales dicten sentencia en ambos Casos. Camino Forsyth fue sentenciado a 11 años después de poco más de un año de juicio, mientras que a Pozo le tomó cuatro años llegar a la misma sanción.

Dictan 11 años de prisión a Martín Camino Forsyth, agresor de Micaela de  Osma | POLICIAL | OJO

En estos casos el trato fue total y absolutamente diferenciado, tanto para las víctimas como por parte de los agresores. En el caso de Arlette pesaba mucho el poder y la influencia de la familia del agresor para que todo el peso de la ley no recayera sobre él como debería ser.

El caso Adolfo Bazán

La modelo Macarena Vélez denunció en el 2019 al abogado Adolfo Bazán por tocamientos indebidos. Como resultado, aparecieron otras víctimas de Bazán. Sin embargo, estas denuncias no fueron las únicas, pues en el 2018 una mujer lo denunció por dopaje y abuso sexual de ella.

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Bazán solo pasó cinco meses en prisión preventiva durante las investigaciones de la Fiscalía, y luego el caso fue archivado y se liberó a Bazán por la falta de acusación fiscal. Esto pese a que se presentaron pruebas grabadas por cámaras de videovigilancia que evidenciaron el abuso. Fue sólo cuando el caso Vélez se expuso en los medios de comunicación que la justicia puso sus ojos en el abogado.

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Tras la denuncia interpuesta por la modelo, Bazán intentó escapar del país para no cumplir prisión preventiva. Antes de su captura, el abogado intentó usar su poder económico para sobornar a los policías que lo capturaron.

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Este es otro ejemplo en el que la clase social, además del género, determina las nulas consecuencias que tienen que enfrentar las personas que gozan de privilegios de clase. Indica que a los ojos de la sociedad es imposible que sean vistos como perpetradores de violencia, a pesar de la evidencia. Esto tiene que ver con la idea de que los agresores tienen ciertas características estigmatizadas, de forma equivocada, en nuestra sociedad: gente pobre, sin acceso a la educación formal, y de mal aspecto. Es entonces cuando se les identifica como agresores o “monstruos”.

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Para estos agresores se los ve como si fueran buenas personas sólo porque ya tienen una carrera incorporada. Seguirán siendo grandes artistas, referentes académicos y políticos, aunque sean agresores o acosadores.

El caso Vicente Pastor

En el 2018, Vicente Pastor, que entonces tenía 17 años y era estudiante del Markham College, violó a una estudiante de Estados Unidos que estaba en un intercambio en Perú. Mackenzie Severns tenía 15 años y, luego de denunciar al abusador, la Fiscal de Familia provincial de la Fiscalía Provincial 14 de Lima, Lourdes Morales, cerró el caso.

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Pese a ello, la familia de la víctima apeló esta decisión hasta que, dos años después, finalmente lo condenaron a 12 meses de libertad restringida y a entregar una indemnización económica a favor de la víctima de 30,000 soles. Sin embargo, Pastor no fue privado de su libertad.

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Si este niño violador no fuera quien es, no tendría los recursos económicos que tiene, si viviera en zonas populares, lo más probable es que en este momento esté en el reclusorio para menores. Lamentablemente, el poder económico significa que la ley no necesariamente se aplica al delincuente. Se aplica a otros que no pueden pagar un séquito de abogados. Enrique Ghersi es el tercer abogado que asume la defensa de Vicente Pastor. Ghersi, quien representó al Congreso de la República ante la demanda interpuesta por el Ejecutivo contra la moción de vacante presidencial que se presentó contra Martín Vizcarra, anunció que apelará la sentencia (de libertad restringida y del pago de la reparación civil).

Zivy (@biutiredlips) | Twitter

En el caso de Vicente Pastor, se pudo evidenciar el racismo estructural que recorre a los encargados de administrar justicia. Si el agresor es una persona de clase alta, de nivel socioeconómico y con posibilidades económicas, ese nunca será “el monstruo”.

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Pastor quedó en libertad a pesar de que la defensa logró demostrar que él fue el agresor luego de escuchar la declaración de la víctima y la pericia psicológica de la niña.

Desigualdades sociales que golpean a las mujeres

Estos casos judiciales se habrían manejado de manera diferente si los agresores no hubieran tenido los privilegios que les otorga su poder económico.

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Si esto sucede con víctimas como Mackenzie Severns o Micaela de Osma, que parten con una desventaja por discriminación de género, pero al mismo tiempo tienen el privilegio de los recursos económicos para poder luchar en el ámbito judicial ¿Qué pasa con las víctimas quienes no tienen los mismos medios que estas mujeres?

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Las mujeres pobres y racializadas, en las que se cruzan las desigualdades denunciadas, son las más expuestas y vulnerables. Por ello, estas mujeres buscan una justicia alternativa que no sea a través de los canales estatales o de las instituciones para castigar socialmente a los agresores. Por ejemplo, muchas de estas víctimas recurren a relatar sus testimonios en las redes sociales para que quizá por presión social pueda hacerse justicia. Sin embargo, al contar públicamente sus testimonios de abuso, muchas mujeres son revictimizadas por una ola de críticas y cuestionamientos. Así comienza un nuevo ciclo de violencia, y desincentiva a que otras mujeres violentadas puedan exponer y denunciar sus casos.

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Este es el resultado de los diferentes obstáculos que surgen para acceder a la justicia y reparación. Obstáculos que parte de un aparato judicial totalmente opacado por las taras culturales como el machismo, el clasismo y el racismo; y que continua con una sociedad que de forma innata busca siempre acusar a la mujer por lo que le pueda suceder y nunca al victimario.

La creciente ola de violencia de género en Latinoamérica

Al comienzo de la pandemia, países de todo el mundo vieron un aumento en la violencia doméstica a medida que las restricciones de los encierros cerraban a las mujeres con sus abusadores. América Latina, una región que registró altas tasas de violencia de género antes de la pandemia, sintió eso de manera aún más aguda.

Colombia

Durante la pandemia la ola de violencia de género se intensificó en Colombia, y se esperaba que, con el levantamiento de las restricciones y confinamiento de cinco meses, los feminicidios y violencia de género se redujeran. No obstante, los datos y evidencias del Observatorio de Feminicidios de Colombia nos dan cuenta de que los feminicidios siguieron una tendencia al alza en todo el país.

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En promedio casi tres mujeres por día fueron asesinadas en Colombia en septiembre, con 86 femicidios registrados durante todo el mes. Este es el total mensual más alto que los investigadores han documentado desde que comenzaron a rastrear los asesinatos en 2017.

El aumento de la violencia contra las mujeres es producto de los efectos en cadena a largo plazo de la pandemia, un resurgimiento de la violencia de los grupos armados en Colombia y las consecuencias económicas, que afectan de manera desproporcionada a las mujeres.

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En Colombia se vieron abrumados por un aumento inicial en los casos de violencia doméstica después de que el país entró en un cierre nacional en marzo. La violencia sexual y de género se ha utilizado durante mucho tiempo como herramientas de guerra, por parte de la guerrilla colombiana, para sembrar el terror en las comunidades.

En lo que va de 2020, el grupo ha registrado 445 casos de feminicidio, frente a 431 casos en el mismo período en 2019.Las cifras registradas en septiembre fueron más del doble que las registradas a principios de este año.

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Desde septiembre, los líderes de los derechos de las mujeres también han observado otro acontecimiento inquietante: a medida que los grupos armados se enfrentan en las zonas rurales y explotan las vulnerabilidades causadas por la pandemia para aumentar el reclutamiento de niños, se ha producido un aumento en el número de mujeres y niñas asesinadas por armas de fuego.

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Por otro lado, las consecuencias económicas causadas por la pandemia y los bloqueos han afectado de manera desproporcionada a las mujeres, poniéndolas en mayor riesgo. Pese a que antes del brote de COVID-19, Colombia tenía una de las brechas económicas de género más bajas de América Latina, en los últimos meses, industrias dominadas por mujeres, como el turismo y el sector de servicios, han sufrido graves impactos.

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En ese sentido, las mujeres de su comunidad que normalmente se mantenían a sí mismas trabajando de manera informal y vendiendo comida en la calle se quedaron sin ingresos, ya que el trabajo se agotó en medio del cierre. Esto ha despojado a las mujeres en riesgo de su propia “autonomía económica”, y con ello, su capacidad para escapar de una situación abusiva que podría escalar a algo tan extremo como el feminicidio.

Gobierno del Valle eleva alerta por asesinatos de mujeres

La pandemia dejó a más de 15,000 mujeres en Colombia en riesgo extremo de feminicidio, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia. Se han observado repuntes similares en otros países latinoamericanos como Guatemala y México.

Si bien los gobiernos locales y nacionales intentaron responder a la violencia, estableciendo recursos como líneas de atención de violencia doméstica locales y nacionales, esto no es suficiente y las mujeres siguen careciendo de recursos judiciales efectivos.

Somos cómplices si conocemos un caso de violencia contra la mujer y no lo  denunciamos"

Una línea no garantiza el acceso a la justicia, a la restitución de sus derechos. No, una llamada es solo una llamada. Este esfuerzo del gobierno se queda corto en comparación con el volumen de casos, asesinatos y violencia que se ha visto en la pandemia.

México

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó las elecciones de 2018 en una campaña de lucha contra las causas subyacentes de las dolencias sociales que afectan a la sociedad mexicana. Prometió luchar contra la violencia y el tráfico de estupefacientes eliminando su causa fundamental, la pobreza. Su plan fue resumido por su lema, “abrazos, no balas”. AMLO ha buscado ser la voz de los marginados y acabar con la corrupción endémica en la política mexicana. Pese a ello, su historial hasta ahora, sin embargo, refuta sus afirmaciones y deja mucho que desear, especialmente cuando se trata de violencia contra las mujeres.

Balazos y Abrazos

El 3 de agosto, el presidente celebró una victoria sobre el arresto de uno de los criminales más buscados de México, José Antonio Yepez Ortiz, “El Marro”, el presunto líder del cartel de Santa Rosa de Lima. Ese triunfo pronto fue seguido por la extradición de España de Emilio Lozoya, exjefe de la petrolera estatal PEMEX, por cargos de soborno y lavado de dinero, que finalmente implicó a expresidentes y varios congresistas.

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Si bien López Obrador ha promocionado el arresto del narcotraficante “El Marro” y la extradición de Emilio Lozoya por cargos de soborno y lavado de dinero, cómo una clara evidencia del supuesto éxito de su administración, él, como muchos populistas en la región, cree que puede moldear la opinión pública y la realidad únicamente a través de sus propias declaraciones, a pesar de todas las pruebas en contra. Sin embargo, inmediatamente después de estas supuestas victorias, un informe del gobierno capturó una estadística asombrosa: 17,493 homicidios en la primera mitad de 2020, lo que indica un aumento de casi el 2% respecto al 2019, lo que encamina a 2020 a ser el año más letal en el récord de México.

ACTUALIZADA: Sí han aumentado los homicidios en el gobierno de AMLO -  Verificado

Entre la cifra récord de homicidios se encuentra un fracaso político mucho mayor para combatir el feminicidio: el asesinato de mujeres por su género. El feminicidio subió 9.2% en comparación con el primer semestre de 2019, totalizando 489 muertes hasta junio de este año, según la Secretaría de Seguridad y Protección Civil (SSPC). El feminicidio se disparó en un 36% de mayo a junio. Si bien la violencia contra las mujeres ha sido problemática durante mucho tiempo en México, los encierros de COVID-19 sólo han empeorado la situación al forzar a muchas víctimas a situaciones peligrosas con sus agresores.

Violence against women up amid Latin America COVID-19 lockdowns | Colombia  News | Al Jazeera

Los recortes presupuestarios a los programas federales y estatales debido a la recesión económica y la disminución de los ingresos fiscales dificultarán la respuesta a las llamadas de abuso doméstico y el procesamiento de los feminicidios. En medio de estos acontecimientos extraordinarios, la respuesta de AMLO hasta ahora ha sido minimizar la naturaleza crónica de la violencia de género en México.

Violence against women up amid Latin America COVID-19 lockdowns | Colombia  News | Al Jazeera

Las llamadas de emergencia muestran cuán endémica es realmente la violencia. Hasta fines de julio, la línea de ayuda de emergencia había recibido 154,610 llamadas que informaban incidentes de violencia de género, un 47% más que en 2019, según la SSCP. AMLO ha afirmado en una rueda de prensa que el 90% de estas llamadas son “falsas”. Si bien los expertos coinciden en que muchas de las llamadas son “inadmisibles” o “infundadas”, regularmente estas llamadas no superan el 77%.

Silence and Gendered Violence in the COVID-19 Pandemic

El presidente está intentando utilizar el argumento de inadmisibilidad para refutar las estadísticas verificadas de llamadas de emergencia de su propio gobierno. Las cifras tampoco pueden dar cuenta de las muchas víctimas que no se comunican con las autoridades por miedo. Según una ONG independiente, 9 de cada 10 mujeres no denuncian violencia de género en México. En lugar de brindar compasión y respuestas a las víctimas, el presidente ha afirmado egoístamente que sus oponentes están usando estadísticas de feminicidios para ataques políticos.

Repunte de feminicidios durante la pandemia y el aislamiento a causa del  Covid-19

Más allá del trauma físico, el abuso doméstico y estatal contra la mujer también puede tener efectos profundos en el bienestar económico de la mujer. Según un informe de 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), más de 19 millones de mujeres informaron haber sido víctimas de abuso doméstico, y el 64% de los incidentes condujeron a violencia severa. Como resultado, cada víctima perdió un promedio de 30 días de trabajo remunerado y 28 días de trabajo no remunerado al año. El INEGI estima que entre octubre de 2015 y octubre de 2016, el costo total de la pérdida de ingresos de las mujeres que faltaron al trabajo por violencia doméstica ascendió a 4,400 millones de pesos (184 millones de dólares).

Brecha salarial por género: entre los trabajadores mejor pagados hay 7  hombres por cada 3 mujeres - Industrias México

Estas pérdidas a menudo perpetúan la dependencia de las mujeres de sus agresores, agravando lo que ya son circunstancias económicas desiguales. Según el Índice de Desarrollo de Género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las mujeres ganan en promedio USD 11,254 por año, menos de la mitad de los hombres, que ganan USD 24,286. Más mujeres dependen del empleo informal, con un 56,6% trabajando en el sector informal (sin incluir la agricultura) en comparación con el 48,4% de los hombres. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señaló que las mujeres solo representan el 38% de los beneficiarios de la seguridad social. Esta desigualdad económica y laboral ha significado que las mujeres se hayan visto desproporcionadamente afectadas por los bloqueos de COVID-19, el aumento del desempleo y la falta de acceso a los beneficios de la seguridad social.

Mexicanas llevan la peor parte de la desigualdad: ganan solo el 60% del  salario de un hombre | SinEmbargo MX

AMLO no ha respondido adecuadamente al problema y es probable que la situación empeore a menos que el gobierno haga un esfuerzo concertado. En agosto, un reportero confrontó al presidente por un informe de junio que mostraba un recorte de 37.5 millones de pesos a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Tras la negación del presidente, el gobierno emitió un comunicado en el que decía que no se realizarían tales recortes porque combatir la violencia de género era una tarea fundamental.

AMLO dejará de apoyar a mujeres violentadas?

Sin embargo, la respuesta aún está muy lejos de ser un intento significativo de erradicar los problemas endémicos en el sistema criminal y dentro de la cultura machista mexicana en general. Las medidas de austeridad del presidente no pueden producirse a expensas de las crecientes tasas de feminicidio y violencia contra las mujeres en todo el país. Más bien, un informe de julio del PNUD recomienda que el gobierno asuma más deuda para gastar en proteger a los grupos más vulnerables de los efectos socioeconómicos de la pandemia.

Ni una más! Las imágenes de la marcha contra la inseguridad, el acoso y los  feminicidios

A pesar de lo endémico que es el femicidio en México, solo está por detrás del número total de casos de Brasil en América Latina, la violencia de género es una pandemia que se está cobrando la vida de innumerables víctimas en todo el hemisferio. Según el Observatorio de Igualdad de Género de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, los países con mayor tasa de feminicidio por cada 100,000 mujeres son: El Salvador (6.8), Honduras (5.1), Bolivia (2.3), Guatemala (2.0) y República Dominicana (1.9). La tasa de feminicidios de México es de 1.4, lo que sugiere que, además de las medidas nacionales tomadas para detener esta pandemia, América Latina como región tiene mucho trabajo por hacer para proteger el bienestar de la mitad de sus ciudadanos.

Tensión electoral en Perú

El 08 de julio del 2020, el presidente peruano Martín Vizcarra convocó de forma muy tempranera, con 277 días de anticipación, a las elecciones generales del 2021. Esto en respuesta a las múltiples voces de la oposición que auguraban que Vizcarra pretendía utilizar la crisis sanitaria de la pandemia para permanecer en la presidencia más allá del 28 de julio del 2021, fecha en el que, de acuerdo con la constitución, donde no se permite la reelección inmediata presidencial, debería cambiar la administración.

Presidente convoca a elecciones para el 11 de abril de 2021 | Noticias |  Agencia Peruana de Noticias Andina

Es importante señalar que luego de la disolución constitucional del parlamento, ocurrida el 30 de septiembre del 2019, el presidente Vizcarra convocó a nuevas elecciones parlamentarias, mismas que ocurrieron el 20 de enero del 2020. Un nuevo grupo de congresistas asumieron el cargo por un plazo de 1 año, para completar el mandato congresal que dura 5 años en Perú y que termina el 26 de julio del 2021.

Las cinco claves del cierre del Congreso decretado en Perú por Martín  Vizcarra

Con la llegada del nuevo congreso, se esperaban aires de cambios, de consensos, de mayor estabilidad política en un país que ha sido duramente golpeado por diferencias políticas desde el 2016. No obstante, la tensión entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo continuó siendo tensa y con vaivenes que, más allá de limar asperezas, han buscado socavar las bases democráticas de un país que, al igual que casi todos los países latinoamericanos, se caracteriza por tener una democracia débil.

Coronavirus en Perú | Idea Internacional: Tensiones políticas entre el  Ejecutivo y el Congreso podrían agravar el manejo de la pandemia | RPP  Noticias

Al igual que el congreso 2016-2020, este nuevo congreso constantemente ha estado en búsqueda de una vacancia presidencial, en claras señales de la búsqueda poder político de ciertos partidos políticos. Ni si quiera la situación de pandemia, y las crisis sanitaria y económica que se han desprendido de ello, ha podido frenar las intensiones políticas de varias tiendas partidarias, más aún considerando que tendrán que hacer una campaña presidencial y congresal en medio de una serie de restricciones de movilidad, a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

En marcha la vacancia presidencial de Vizcarra - La Razón

El 11 de septiembre del 2020, casi un año después de la disolución del congreso anterior, el nuevo congreso llevó a la sesión del parlamento el proceso de impeachment contra el Presidente de la República, mismo que terminó en fracaso. Aquel proceso de impeachment se dio luego de diversos procesos de interpelación y censura a diversos ministros de estado, y luego de relevaciones de audios obtenidos de forma ilícita por parte de uno de los parlamentarios (quién tiene serias denuncias y procesos legales por delitos de corrupción e interceptación ilegal de las comunicaciones) donde se escucha al presidente Vizcarra coordinar con sus secretarias las respuestas que darían ellas sobre las entradas de Richard Cisneros a Palacio de Gobierno.

Vacancia presidencial: así fue la votación que rechazó vacancia de Martín  Vizcarra - El Búho

Richard Cisneros es un artista quién ha sido cuestionado por obtener contratos con el Estado Peruano, a través del Ministerio de Cultura, para ofrecer servicios de coaching al personal del ministerio, y por el que se le ofreció miles de dólares como compensación. El cuestionamiento surgió por el contenido de las sesiones y por la carencia de certificaciones correspondientes para asumir dicha responsabilidad. La acusación contra Vizcarra fue de beneficiar a un amigo suyo para obtener órdenes de servicio del Estado Peruano.

Richard Swing: las claves para entender el caso hasta su detención video |  La República

No obstante la acusación contra Vizcarra, la sesión de impeachment dejó en evidencia que casi todos los congresistas que aprobaron la moción de vacancia tenían motivos distintos a la acusación formal por la que se formuló la propuesta. En muchos casos las razones estaban vinculadas con el manejo de la pandemia, y en otros casos por la mera percepción de no creerle al presidente de la República. Aunque parezca increíble, los motivos no eran suficientes si quiera para formular el impeachment, pero esa es la realidad del congreso peruano.

El Congreso tiene la palabra en vacancia presidencial - Contacto Perú

Casi un mes después, se ha formulado una nueva moción de vacancia contra el presidente Vizcarra, esta vez los mismos congresistas que formularon la primera moción ahora lo hacen por las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces en el caso Lava Jato dónde se vienen investigando una serie de obras de inversión pública de la región Moquegua, obras realizadas cuando Martín Vizcarra era presidente del Gobierno Regional de Moquegua, entre enero 2011 hasta diciembre 2014.

Presentan segunda moción de vacancia contra Martín Vizcarra - Willax TV

Esta moción de vacancia, de prosperar, pondría al Perú en una situación muy delicada. No sólo por la situación de crisis sanitaria y económica, sino que además generaría una crisis electoral seria considerando que ello modificaría las elecciones convocadas y se podrían posponer cómo consecuencia de esta medida.

Elecciones 2021: Congreso plantea ahora que proceso electoral sea en mayo y  ya no en abril | PERU | GESTIÓN

La débil democracia peruana ha demostrado en este quinquenio, mismo que inició Pedro Pablo Kuczynski y que continuó Martín Vizcarra luego de la renuncia del primero, que existen una serie de debilidades en la constitución peruana respecto al manejo de los mecanismos de Cuestión de Confianza, Disolución del Congreso y Vacancia Presidencial. Estos podrían ser reformados por el congreso, pero no existe intencionalidad de reforma en este sentido por el congreso actual, y tampoco lo hubo por el congreso constitucionalmente disuelto.

Renuncia de Pedro Pablo Kuczynski llegó al Congreso a las 14:43 horas |  Noticias | Agencia Peruana de Noticias Andina

La realidad es que hoy, a menos de 6 meses para las elecciones presidenciales y congresales, las fuerzas políticas que ven la situación de pandemia como un impedimento para desplegar sus campañas electorales están empujando una serie de iniciativas, en las que se incluyen la vacancia presidencial para posponer las elecciones en Perú. Hoy, bajo la constitución actual, aquella diseñada y aprobada durante el gobierno de Alberto Fujimori en 1993, el congreso podría vacar al presidente por cualquier motivo bajo el paraguas de “incapacidad moral”, y bajo esa perspectiva poder lograr el objetivo deseado.

Crítica a la Constitución pura | NoticiasSER

Entre esas fuerzas están, el partido liderado por el extremista Antauro Humala – Unión Por el Perú- quién se encuentra en prisión por los delitos de sedición y asesinato. Otro de los partidos que impulsan esta medida es “Podemos Perú”, partido liderado por el ex partidario y colaborador del ex alcalde de Lima – ambos con procesos penales por corrupción, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y Lavado de Activos – y que busca lanzar a la presidencia a Daniel Urresti, actual congresista, quién se encuentra procesado por el asesinato de un periodista, y quién además se encuentra entre los principales candidatos presidenciales, de acuerdo a recientes encuestas.

Perú 2020: la política juega al borde de la democracia | ArchivoRevista  Ideele

Claramente los intereses personales de las fuerzas políticas se están moviendo muy fuerte en Perú y están jugando con las débiles estructuras de la democracia. En medio de la pandemia, mientras miles de vidas peruanas son arrebatadas por un sistema de salud que ha permanecido en pésimas circunstancias durante décadas, al parlamento peruano parece no importarle ello sino sus propios intereses políticos.

Peru passes 100,000 Covid-19 cases, 3,000 dead, Americas News & Top Stories  - The Straits Times

Todo ello genera un escenario de inestabilidad en el país y no sólo por ser un año electoral sino por el comportamiento irracional del congreso peruano. No sólo en materia política sino que también en cuánto a medidas económicas y sociales, este congreso se ha caracterizado por un populismo absurdo que pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero peruano y de las arcas del tesoro público.

Populismo del Congreso generaría mayor concentración bancaria - AHORA

Los electores tendrán una labor difícil este 11 de abril para renovar sus autoridades, sobre todo porque la oferta de candidatos no se pinta como la mejor, y cuesta creer que de nueva cuenta los peruanos tendrán que elegir entre lo que localmente se denomina “el mal menor”, que ya se ha convertido en una estrategia de votación para los peruanos.

George Forsyth, exarquero de Alianza, lidera la encuesta de Ipsos | Bolavip

Esa situación que se repite cada cinco años es la que carcome los cimientos de la democracia, esa que tanto costó recuperar en el 2001 luego del Fujimorato, y que genera cada vez más frustración en la población. No olvidemos que la frustración de las personas bajo una democracia débil puede estallar en una exigencia de cambio radical en todo sentido, y eso sería peor. Para evitar que ello suceda, las autoridades electas deberían llegar a consensos, y empezar a preparar las reformas constitucionales suficientes para fortalecer el esquema democrático en un país que grita y exige una mayor institucionalidad y estabilidad política.

Extinción de Fideicomisos Públicos en México

La oposición al plan del gobierno federal de abolir 109 fideicomisos públicos ha sido fuerte frente a la decisión de la cámara baja del Senado federal de aprobar la propuesta de extinción de los fideicomisos.

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Frente al Senado federal en la Ciudad de México se apostaron cientos de protestantes contra esta medida, mientras que científicos mexicanos y extranjeros denunciaron el plan. La propuesta aprobada incluye la transferencia del control de los fondos de los fideicomisos al Ministerio del Interior federal. Sólo este 2020, los 109 vehículos financieros han recibido 68 mil millones de pesos (USD 3.2 mil millones).

Senado da entrada al análisis de fideicomisos en medio de protestas |  Nacional | W Radio Mexico

El regulador gubernamental “Causa en Común” dijo a principios de octubre que el financiamiento para investigación científica, proyectos culturales, respuesta a desastres, defensa de los derechos humanos, protección de periodistas, desarrollo agrícola, becas para estudiantes y atención a víctimas del crimen sería puesto en riesgo si se aprobaba el plan.

Ofrece Causa Común por México 120 mil votos a AMLO - El Sol de Puebla

Integrantes de colectivos de derechos humanos y familiares de víctimas de delitos violentos bloquearon uno de los accesos al edificio del Senado para manifestar su oposición al plan, que el presidente López Obrador apoya con el argumento de que los fideicomisos representan oportunidades de corrupción.

Protestan afuera del Senado contra extinción de fideicomisos – Noticieros  Televisa

Debido a los bloqueos, las actividades regulares del Senado no pudieron continuar y los legisladores se retiraron a un hotel cercano para discutir la propuesta. El plan ya fue aprobado por el comité de finanzas del Senado, y solo un legislador del partido Morena, partido de gobierno, votó en contra. Con el apoyo de sus aliados, Morena tiene mayoría en la cámara alta del Congreso, lo que significa que la aprobación del plan parece ser una mera formalidad. Esto ya que, si bien los partidos de la oposición han rechazado la propuesta, estos votos fueron insuficientes para detener la propuesta.

INTEGRANTES DE FRENA PROTESTAN EN EL SENADO – RadioTv México

Los colectivos de investigadores mexicanos han enviado 127 cartas personalizadas a los senadores de Morena instándolos a votar en contra de la abolición de los fideicomisos, pero ninguno de los legisladores ha respondido.

Policías en el Senado “no son granaderos, son un cuerpo de Protección  Civil”: Sheinbaum

Así mismo, los colectivos han argumentado que la eliminación de los fideicomisos, muchos de los cuales apoyan la investigación científica y ninguno de los cuales enfrenta acusaciones formales de corrupción, representaría un retroceso. Los académicos dijeron que el país podría volver a los tiempos en que la financiación pública se destinaba a unos pocos investigadores seleccionados elegidos por burócratas en lugar de paneles de especialistas. Varios académicos ya han dicho que la abolición de los fideicomisos sería un golpe histórico para la ciencia y la cultura.

Abren Senado luego de protestas

Causa en Común dijo que la eliminación de los fideicomisos causaría “daños incalculables”, mientras que un grupo de 10 gobernadores de estados disidentes cuestionaron la legalidad de la propuesta.

Los académicos mexicanos que se oponen a la abolición de los fideicomisos cuentan con el apoyo de más de 700 científicos e investigadores internacionales que pusieron sus nombres en una “Carta de apoyo a los científicos mexicanos” que se publicó recientemente en línea y se compartió ampliamente en las redes sociales.

El “hoyo negro” de los fideicomisos públicos - Pie de Página

Describieron la medida como “un duro golpe para la ciencia y la tecnología en México justo cuando el país necesita su contribución más que nunca” en una carta firmada por académicos de universidades de todo el mundo, incluidos prestigiosos institutos educativos como Harvard, Oxford y Yale.

Los académicos internacionales afirmaron que la abolición de los fideicomisos públicos cerraría la puerta a nuevos fondos de organismos privados, internacionales y multinacionales que actualmente apoyan la investigación académica en México.

Víctimas y científicos cercan el Senado por eliminación de fideicomisos

En ese sentido, preocupa que la colaboración de los investigadores internacionales con mexicanos sea considerablemente limitada, sobre todo en un contexto donde se ha desarrollado una serie de proyectos de investigación con intereses comunes.

Los políticos de la oposición afirman que los fondos que actualmente poseen los fideicomisos serán utilizados para gastos discrecionales del gobierno federal.

PT boicotea en el Senado la extinción de fideicomisos

Pero ¿Qué es un fideicomiso? Y ¿Porqué López Obrador insiste en que representa Oportunidades de Inversión? Un fideicomiso es un vehículo financiero que tiene diferentes participantes definidos claramente en el contrato del fideicomiso, los principales actores son el fideicomitente, el fideicomisario, el fiduciario, y lo beneficiarios.

Fideicomisos

En ese sentido, los fideicomisos públicos son vehículos que recibe dinero público para que se asigne a un objetivo específico de inversión. El fideicomisario (el Gobierno Federal) destina parte de su presupuesto público para financiar estos vehículos, con el dinero en el fideicomiso, el fideicomitente (panel especializado seleccionado por concurso público de forma independiente) toma decisión sobre a qué proyectos o grupos de personas (beneficiarios) va a financiar parte de ese fondo. El fiduciario, una entidad financiera, se encarga de administrar el fondo y de asegurarse que cada una de las instrucciones de uso de fideicomiso se realice de conformidad con el objetivo.

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En general, los fideicomisos son vehículos que se utilizan para evitar la malversación de fondos del tesoro público, se utilizan para que sobre la base de criterios técnicos sin aspiraciones personales o partidarias se destinen recursos públicos de forma irregular o de manera poco transparente. Un fideicomiso asegura la mayor transparencia de la gestión ya que se realiza sobre la base de cláusulas legales, delimitación especifica de actividades y de alcance.

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Pese a ello, para el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, los fideicomisos son oportunidades de corrupción pese a que históricamente no ha habido indicios ni evidencia de corrupción en la gestión de los fideicomisos. La expectativa aparentemente es más poder tener liquidez en las arcas públicas para poder financiar el presupuesto público que, debido a la pandemia y a la pésima gestión fiscal del 2019, ha quedado ajustado y ajustado para financiar gastos corrientes y de capital para lo que resta del 2020 y parte del 2021. Ello, como bien señalan los colectivos significaría el desfinanciamiento al desarrollo de la innovación mexicana, para poder financiar gastos corrientes del aparato estatal.

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En conclusión, esta medida significa un gran retroceso para el desarrollo social de México y para los avances científicos. México se ha caracterizado por ser el país de la región en tener mayores avances en innovación, mismo que se verá seriamente mermado con esta medida.

Chile pone su constitución en las urnas

Hace un año, los chilenos llevaron su enojo por la desigualdad y la injusticia a las calles, insistiendo en que corregir los profundos problemas estructurales de la nación requeriría más que una reforma. Insistían que Chile necesitaría una nueva constitución con más derechos y mejores protecciones sociales.

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Bajo esa premisa, y luego de 1 año de constantes enfrentamientos en las calles, protestas y levantamientos sociales, por fin este 25 de octubre, Chile llevará a cabo un referéndum que le hará a los votantes dos preguntas: ¿Debería Chile convocar una convención constitucional para redactar una nueva constitución? Si es así, ¿Quién debería redactar esa constitución? ¿Una asamblea que comprenda, de forma uniforme, a los representantes del Congreso y los ciudadanos, o una asamblea que comprenda sólo ciudadanos?

Plebiscito Nacional del 25 de octubre: ¿cómo afectará el coronavirus? - AS  Chile

Aparentemente, y recogiendo datos de las recientes encuestas, los chilenos votarán, en su mayoría, por una nueva constitución redactada por sus compatriotas sin participación de los representantes del Congreso.

Los países suelen redactar nuevas constituciones sólo cuando terminan las guerras o cuando hacen la transición a la democracia. Y las convenciones constitucionales compuestas únicamente por ciudadanos son prácticamente desconocidas a nivel mundial. Chile muestra lo que las personas frustradas en las democracias pueden lograr cuando se levantan, y esto puede ser un antecedente serio para lo que pueda suceder en otras democracias débiles en Latinoamérica.

Chile conmemora ocho semanas de crisis con masivo concierto

Analizando la historia en cuanto a gobiernos democráticos y la participación política de las mujeres se explica por qué el referéndum de Chile es, para usar un término apropiado en ciencia política, un gran problema.

La democracia protegida de Pinochet - Opinio Juris

La actual constitución de Chile se remonta a Augusto Pinochet, el dictador militar que gobernó este país desde 1973 hasta 1990. Pinochet perdió el poder en un referéndum de 1988, demostrando el potencial transformador de las iniciativas electorales en Chile. Pero incluso cuando Chile hizo la transición a elecciones libres y justas, el legado de Pinochet persistió en la constitución restrictiva de la era de la dictadura del país. En ese sentido, se definió un sistema electoral que limitaba el poder de la izquierda y favorecía a los titulares, reduciendo la rotación en el cargo. La falta de incentivos electorales para que los políticos escucharan a los votantes creó una clase política insular e insensible.

La Presidencia de la República en la historia de Chile – CIPER Chile

Durante un tiempo, estos problemas fueron ensombrecidos por la pujante economía de Chile. La economía chilena creció, en promedio, un 7% anual en la década de 1990 y continuó fuerte en el nuevo milenio.

El boom económico redujo la pobreza a niveles históricos pero las disparidades se hicieron más grandes, es así como los ricos se hicieron mucho más ricos. Gracias al sistema económico de libre mercado de Chile, basado libremente en el modelo estadounidense, pero con menos regulación, hoy el 10% más rico de los chilenos recibe casi el 40% de los ingresos del país. Chile es uno de los países más desiguales entre las naciones de la OCDE.

Cómo cambió Chile: PIB per cápita se multiplicó por cinco y pobreza se  desplomó - La Tercera

Mientras los ricos y las corporaciones de Chile disfrutan de bajos impuestos, sus pobres y ancianos luchan casi sin red de seguridad social. Mientras que los chilenos adinerados visitan clínicas médicas privadas de última generación con médicos capacitados en Estados Unidos, los pobres dependen de los hospitales públicos donde a menudo deben comprar sus propias jeringas, vendajes y medicamentos.

Los chilenos han reconocido desde hace mucho tiempo esta desigualdad, pero los presidentes que siguieron a Pinochet, ya sea de izquierda o de derecha, hicieron poco para alterar este modelo.

Fundación SOL Twitterissä: "¿Sabías que en Chile la desigualdad es tan  grande que el 1% más rico del país concentra el 33% de los ingresos? En  esta infografía te mostramos cuánto concentra

Mientras tanto, los gobiernos latinoamericanos desde México hasta Brasil invirtieron en una redistribución integral de la riqueza y aprobaron leyes que implementan cuotas de género para los candidatos legislativos. Muchos enmendaron sus constituciones para establecer claramente que los grupos históricamente excluidos como las mujeres y los pueblos indígenas disfrutaban de los mismos derechos. Bolivia incluso escribió una nueva constitución en 2008 reconociéndose a sí mismo como un país multiétnico y protegiendo la lengua, la cultura y las tierras indígenas.

Mira como leer la Constitución gratis y en Internet

Chile intentó abordar estos temas en 2017, expandiendo la cantidad de escaños en el Congreso, cambiando las reglas electorales para hacer las carreras más competitivas e introduciendo cuotas para mujeres candidatas. Pero fue muy poco, y fue demasiado tarde.

Los chilenos salieron por primera vez a las calles de la capital, Santiago, debido a un aumento en las tarifas del transporte público, el 14 de octubre de 2019. Las cosas se pusieron serias y violentas durante la noche del 18 de octubre, ya que cada vez más personas se unieron a las manifestaciones en lo que se convirtió en conocido como “el estallido” – la explosión o simplemente 18-O.

A cuatro meses del estallido social: la herida de Chile aún no cicatriza «  Diario y Radio U Chile

La semana siguiente, 1 millón de los 19 millones de habitantes de Chile marcharon por la reforma en todo el país, con demandas de amplio alcance. En ese sentido, los manifestantes estudiantiles querían educación superior gratuita, los pensionistas querían una jubilación digna, los trabajadores querían mejores salarios, las mujeres y las feministas querían acabar con la violencia de género, entre otras demandas sociales latentes en el país del sur.

18 de Octubre de 2019: Fecha emblemática y oportuna para el cambio social  en nuestro país

Los manifestantes creen que una nueva constitución con más derechos crearía mandatos más fuertes para tales reformas. Las protestas se detuvieron sólo durante el apogeo del bloqueo pandémico de Chile. Entre octubre 2019 y febrero 2020, partes emblemáticas del centro de Santiago han sido destruidas, dos tercios de las estaciones de metro de la ciudad resultaron dañadas y 11 incendiadas y arruinadas. La policía disparó contra los manifestantes con balas de goma y muchos de los detenidos denunciaron una brutalidad extrema, que incluía agresiones sexuales e incluso torturas. Cientos resultaron heridos y 36 murieron.

Noticias Chile | Encuesta señala que el 18 de octubre de 2019 no se liberó  toda la rabia acumulada y podría venir otro terremoto emocional destructivo  - Noticias Chile - Noticias en Chile - El Informador

La represión violenta no detuvo la furia en las calles. Un mes después de las protestas, el Congreso de Chile acordó realizar un referéndum para redactar una nueva constitución y dejar que los votantes decidan quién la redactaría. Como era de esperar, si los chilenos cotidianos redactan la nueva constitución del país, se reducirá el poder de decisión de la clase política.

Qué pasó en Chile el 18 de Octubre del 2019? - La ruta de Kiara

Las mujeres también tendrán una mayor voz en el futuro de Chile. Solo dos mujeres se encuentran entre los 12 autores de la actual constitución. Pero las líderes feministas y las mujeres en el Congreso insistieron en “nunca más sin mujeres”, exigiendo que los ciudadanos elegidos para la convención constitucional sean mitad mujeres.

Remedo de Asamblea Constituyente», por Felipe Portales – De Frente

Cuando los hombres en el congreso se resistieron, las mujeres se quedaron fuera de la cámara coreando, “somos la mitad, queremos la mitad”. Ante la presión social, en diciembre 2019, el congreso cedió, por lo que se estableció que la mitad de los ciudadanos que redactarán la nueva constitución de Chile deben ser mujeres. Esto establece un estándar mundial innovador para la inclusión política de las mujeres.

La convención también reservará asientos para pueblos indígenas como los mapuches, un grupo marginado cuyas tierras ancestrales han sido robadas por el gobierno.

Asamblea Constituyente para asegurar el derecho a la Salud | FENPRUSS

En un momento en que la gente de todo el mundo se está levantando para exigir un gobierno más equitativo y receptivo, desde el “Black Lives Matter” en Estados Unidos hasta el movimiento a favor de la democracia en Hong Kong, Chile muestra que las protestas sostenidas pueden traer un cambio radical. Todos los días, los chilenos, jóvenes y mayores, corrían riesgos excepcionales para mejorar su país, algunos pagaron con sus vidas. Hoy, incluso cuando se disparan las tasas de mortalidad de la COVID-19 en Chile, los chilenos todavía están en la calle, protestando por la desigualdad y haciendo campaña en el referéndum que se llevará a cabo este 25 de octubre. Quieren que sus conciudadanos voten “sí” a la redacción de una nueva constitución y le den la pluma al pueblo de Chile, no a sus políticos.

Implicancias sobre los reportes de Operaciones Sospechosas

El 20 de septiembre de 2020, un informe de Buzzfeed News filtró archivos confidenciales de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) y reveló una lista de bancos que habían informado actividades sospechosas a FinCEN a través de Informes de Actividades Sospechosas (SAR). Debido a que los estándares regulatorios de presentación de informes que obligan a los bancos a presentar RAS, así como la interacción entre los bancos y las fuerzas del orden público como resultado de las presentaciones, no se comprenden ampliamente y son susceptibles de interpretaciones erróneas, la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (FIBA) cree que puede servir al Sur de Florida y las comunidades bancarias internacionales proporcionando educación sobre el proceso SAR.

Miami: bancos dan créditos a argentinos por hasta 50% del valor de inmuebles

FIBA, cuya membresía incluye a las instituciones financieras más grandes de Estados Unidos, América Latina, el Caribe y Europa, reunió un grupo de trabajo para revisar el informe y disipar su posible mala interpretación. FIBA insta encarecidamente a que, al informar sobre actividades sospechosas como lo exige la ley, los bancos cumplan debidamente, y en ocasiones superen, sus requisitos legales. En resumen, más que un hallazgo implícito de criminalidad o ilegalidad, las obligaciones del banco son que cuando tienen alguna sospecha, lo reportan a las autoridades para su consideración.

FinCEN: No SAR Filing Obligation When Customers Voluntarily Disclose to  Home Country | Insights | Jones Day

Debido a su naturaleza comprensiblemente sensible, los SAR son documentos confidenciales que deben protegerse, ya que representan una amenaza para la seguridad de las investigaciones legales, la seguridad del personal del banco y pueden causar daños graves a las personas nombradas en el SAR que no hayan participado en actividades ilegales.

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En ese sentido, ningún banco presentaría un SAR si supiera que iba a ser revelado al público. Bien puede ser tratado, incorrectamente, pero no obstante poderosamente como una acusación. Peor aún, si una organización criminal o criminal obtiene el nombre del empleado del banco que presentó el SAR, él o ella podrían ser objeto de acoso o daño físico.

Money Laundering – Vamsi Talks Tech

En general, los bancos, ya sean grandes, pequeños, bancos comunitarios o sucursales locales de bancos internacionales, participan en una asociación y colaboración integrales, tanto con las agencias reguladoras como con las fuerzas del orden a través de lo que se conoce como la Ley de Secreto Bancario.

DEMOCRACIA Y DESIERTO: Blanqueo de Capitales

La BSA requiere que las instituciones financieras mantengan registros de las compras en efectivo de instrumentos negociables, presenten informes de transacciones en efectivo que excedan los USD 10,000 (monto total diario) y denuncien actividades sospechosas que puedan significar lavado de dinero, evasión de impuestos u otras actividades ilegales. BSA es un sistema desarrollado por las fuerzas del orden y los reguladores que están encargados de hacer cumplir la ley y solo requiere que los bancos informen actividades sospechosas a través de los SAR.

FinCEN Files: la filtración de miles de documentos que expone cómo los  grandes bancos facilitaron el lavado de billones de dólares en todo el  mundo - BBC News Mundo

Las instituciones financieras deben presentar los SAR ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) cuando detectan actividades sospechosas. Los SAR son sospechas no comprobadas basadas en hechos recopilados por investigadores de cumplimiento de BSA que trabajan para bancos. Los SAR no son evidencia de un delito, pero están destinados a provocar una investigación adicional por parte de las fuerzas del orden, si se justifica.

FinCEN Files: two banks in Maldives in suspicious transactions list

Por ley, los bancos no están obligados a suspender, limitar o prevenir futuras actividades con los clientes de los que informan (aunque muchos lo hacen basándose en hechos y circunstancias), sino que su función reguladora es ayudar a detectar y notificar a las autoridades correspondientes sus sospechas.

ESCÁNDALO!!!: El dinero sucio llega a los bancos más poderosos del mundo y  el gobierno de Estados Unidos lo permite. | Cubano y punto

El éxito del sistema se basa en la confidencialidad de los informes. Además, los bancos no tienen acceso a un registro completo de clientes, ni a los RAS presentados por otros bancos y, por lo tanto, solo conocen la actividad dentro de su propio sistema.

Como entidades no gubernamentales, los bancos ayudan a detectar actividades sospechosas, pero no son agentes de la ley o funcionarios gubernamentales para hacer cumplir o investigar a estas personas. Cada banco tiene su determinación de riesgo, y muchos han implementado sistemas integrales para recopilar la mayor cantidad de información y monitorear las cuentas por lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y fraude. Los bancos también tienen comités de cierre de cuentas y actividades concernientes donde estos asuntos se discuten a niveles gerenciales.

Consecuencias del lavado de activos o blanqueo de capitales

Todas las principales instituciones financieras están reguladas y deben seguir protocolos y regulaciones que incluyen acciones como el desarrollo de programas contra el lavado de dinero basados ​​en riesgos, el establecimiento de sistemas efectivos de debida diligencia del cliente, presentar informes de transacciones en efectivo que excedan los USD 10,000, ejecutar datos contra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y otras listas gubernamentales e invertir en la educación y capacitación del personal de cumplimiento en certificaciones específicas de Prevención de Lavado de Activos.

EEUU dio a conocer los nuevos sancionados por la OFAC - Diario El Vistazo

Después de que se presenta un SAR, la institución financiera tiene poca o ninguna retroalimentación o información sobre las acciones que se tomaron. La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro tiene que investigar todos los informes presentados que reciben y, posteriormente, delegar en la autoridad policial pertinente, por ejemplo, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) o el departamento de policía local. Debido a la naturaleza secreta de estos informes, no hay información disponible sobre el resultado de las investigaciones iniciadas por un banco SAR emitido

FBI Lawyer Suspected of Altering Russia Probe Document | Voice of America -  English

Lo mejor para todas las instituciones financieras es cooperar y no poner en peligro sus organizaciones y/o ellas mismas, ya que existe una creciente aplicación de la responsabilidad personal. La violación a ello no solo compromete la colaboración entre las fuerzas del orden y las instituciones financieras, sino que es ilegal difundir esta información. Además, la mala lectura de estos documentos técnicos podría llevar a difamar a personas u organizaciones inocentes que no hicieron nada malo.

La Asociación de Banqueros Internacionales de Florida, FIBA, respalda a miles de profesionales al año en todo el mundo en certificaciones que incluyen la Certificación de Asociado Anti-Lavado de Dinero (AMLCA), Certificado de Profesional en Anti-Lavado de Dinero (CPAML), Responsabilidades AML para Gerentes, CEO y directores, Sanciones de Prevención de Lavado de Activos y OFAC de Banca Corresponsal, entre otras.

Cómo prevenir a una empresa contra el lavado de activos | Gestión de  Proyectos | Apuntes empresariales | ESAN

Para ayudar a combatir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, muchos bancos han instituido políticas internas que limitan las interacciones con individuos o corporaciones que tienen más de un cierto número de SAR en sus registros. Sin embargo, es importante reconocer que el papel de las instituciones financieras es detectar e informar, al igual que el famoso “si ve algo, diga algo” en la industria de viajes. Cada año, las instituciones financieras y los reguladores presentan más de 2 millones de SAR ante la FinCEN, y las fuerzas del orden hacen su parte en la lucha para llevar ante la justicia a quienes se dedican a actividades ilícitas.

La salud en las elecciones de Estados Unidos

La pandemia del COVID-19 ha puesto la situación del sistema de salud sobre la mesa electoral de Estados Unidos. Más allá del coronavirus, los problemas del sistema de salud en Estados Unidos incluyen la Ley de Cuidado de Salud Asequible, las protecciones para las personas con afecciones preexistentes, el precio de los medicamentos, los derechos reproductivos, Medicare y el seguro por enfermedad.

Más de 3.2 millones de neoyorquinos perderán cobertura si Ley de Cuidado de  Salud Asequible es cancelada | EL SOL News

Es claro que uno de los temas relevantes para los votantes es la atención médica, que el coronavirus ha puesto al descubierto todas sus debilidades.

En las elecciones de mitad de período del 2018 se evidenció que la atención médica era una prioridad para muchos votantes. Ahora, con la pandemia encima, la relevancia sobre este tema es mucho mayor.

US Leads World in Coronavirus Cases, Deaths | Voice of America - English

Cierto es que el coronavirus seguirá siendo el foco principal durante las elecciones y más allá. Pero de cara al 2021, la atención se expandirá a problemas de políticas de salud más convencionales, como los costos de los medicamentos, la cobertura de seguros, Medicare y Medicaid.

Hoy, los votantes estadounidenses están claramente más enfocados en las consecuencias económicas y de salud de la pandemia que en lo que podría describirse como problemas tradicionales de atención médica, como el precio de los medicamentos o el futuro de Medicare.

What is Medicare?-Fabu Club

Con los miles de muertos a causa del COVID-19 y las duras consecuencias económicas de la pandemia que están afectando a tantos estadounidenses, el cambio en el interés de los votantes en este momento no es tan sorprendente.

Los precios de los medicamentos recetados y las facturas médicas sorpresa son asuntos de bolsillo y es probable que vuelvan a estar en la agenda del próximo presidente y Congreso. No obstante, lo relevante para las elecciones serán las propuestas que Trump y Biden hagan respecto a cómo combatirán contra el virus y limitando las consecuencias económicas.

Medicare for All Would Save US Money, New Study Says | The Fiscal Times

La COVID-19 no sólo estará al frente de la elección presidencial, sino que también afectará a la elección congresal, ya que se espera que el Congreso no solo deba continuar proporcionando recursos y políticas para combatir la pandemia, sino también abordar las consecuencias económicas y la atención médica. Esto ya que este tema va a ocupar mucho tiempo y atención cuando el Congreso se reúna en enero

Pelosi's latest Medicare proposal would pass drug discounts to all consumers

Actualmente, la COVID-19 se ha vuelto la causa de la mayor cantidad de fallecidos en Estados Unidos. Además, el virus ha desencadenado consecuencias económicas históricas, lo que ha provocado la pérdida de empleos, una turbulencia récord en el mercado de valores y el cierre de innumerables empresas. También ha avivado acalorados enfrentamientos sociales y políticos sobre el uso de máscaras, el distanciamiento social y otras medidas que los científicos defienden para combatir la crisis.

When will I get a coronavirus vaccine: Operation Warp Speed timeline -  Business Insider

El presidente Trump ha enfatizado el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus y tratamientos antivirales como formas de combatir y contener el virus. Su administración lanzó Operation Warp Speed ​​para acelerar una vacuna, que según él podría estar disponible antes del 3 de noviembre. En un testimonio reciente ante el Congreso, el principal experto en salud pública, Anthony Fauci, dijo que las vacunas podrían comenzar a producirse en noviembre o diciembre.

Trump touts COVID-19 vaccine progress in NC as coronavirus cases rise in  Southern states

Hasta ahora, el gobierno federal ha contratado a seis compañías farmacéuticas, gastando casi USD 11 mil millones, como parte de la Operación Warp Speed. La operación tiene como objetivo proporcionar al menos 300 millones de dosis de una vacuna contra el coronavirus para enero de 2021. Cinco de las vacunas se encuentran en ensayos clínicos de fase III, la etapa final antes de que normalmente se otorgue la aprobación. La administración también ha gastado USD 225 millones en los esfuerzos de prueba de COVID-19 para áreas rurales.

Flipboard: Coronavirus Model Used By White House Predicts 230,000 Dead By  November

En agosto, Trump firmó una orden ejecutiva que ordena a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid ampliar los beneficios de telesalud para los beneficiarios de Medicare y las personas que viven en áreas rurales. La administración también autorizó fondos para 185 proveedores de telesalud en 38 estados.

How to Combine Medicare and Medicaid to Save Money

El presidente prohibió la entrada al país a los viajeros de China desde el 31 de enero, y ha dicho que esto demuestra que actuó rápidamente para combatir el virus y que la medida salvó vidas estadounidenses. Pero la prohibición tenía exenciones, y muchos expertos en salud pública han dicho que el presidente no actuó lo suficientemente temprano o agresivamente para contener el coronavirus, que a fines de enero ya había infectado a los estadounidenses.

The COVID-19 pandemic in the USA: what might we expect? - The Lancet

Un estudio, realizado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Escuela de Economía de Vancouver de la Universidad de Columbia Británica, estimó que se habrían salvado 40.000 vidas estadounidenses en abril y mayo si Trump hubiera lanzado un mandato de uso de mascarilla obligatorio a nivel nacional antes del 1 de abril, momento en el que las pruebas a nivel mundial eran insuficientes.

Five things you need to know about Trump's COVID-19 infection | US & Canada  | Al Jazeera

Trump ha delegado la responsabilidad principal de la crisis a los estados. Ha criticado públicamente a expertos en salud, como Fauci y funcionarios de la CDC, que han estado en desacuerdo con muchas de sus posiciones y declaraciones sobre temas como el uso de mascarillas.

Transgender,' 'Science-based' Now Reportedly Among Taboo Words at US Health  Agency | Voice of America - English

Trump ha promovido terapias no probadas y potencialmente peligrosas. Entre ellos: inyectar desinfectantes y usar luz ultravioleta en el interior del cuerpo, hidroxicloroquina y plasma de convalecencia. Rara vez se le ve con una máscara en público.

Trump makes the case for chloroquine as a COVID-19 treatment, though it has  not been approved by the FDA for this illness - MarketWatch

Por otro lado, Biden ha esbozado un plan de acción detallado para la lucha contra el coronavirus. Entre sus propuestas, el exvicepresidente ha incluido pruebas de COVID-19 gratuitas para todos los estadounidenses, contratación de 100,000 rastreadores de contactos, la eliminación de los gastos de bolsillo para el tratamiento, entrega de equipo de protección personal (EPP) suficiente para los trabajadores esenciales, el apoyo para el desarrollo de vacunas y tratamientos médicos respaldados por la ciencia, el proceso de reapertura de negocios, lugares de trabajo y escuelas solo después de reducciones suficientes en la transmisión comunitaria, y el fortalecimiento de las salvaguardias para proteger a los estadounidenses en riesgo, incluidas las personas mayores.

The Joe Biden Healthcare Platform: What is He Proposing?

Biden, al igual que Trump, aboga por aumentar el salario de los trabajadores de la salud en riesgo en la primera línea de defensa. Además, el demócrata le daría a Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, licencia libre para hablar directamente con los estadounidenses sin restricciones.

Here's where Trump and Biden stand on health care - MarketWatch

En agosto, Biden pidió que se emitiera un mandato sobre el uso de mascarilla a nivel nacional para frenar la propagación del coronavirus. Pero luego se retractó y sugirió que se aplicase siempre que legalmente no existiera algún problema.

Biden no ha detallado cómo pagaría muchas de estas iniciativas más allá de prometer que obligaría a los estadounidenses ricos a “pagar su parte justa” de impuestos para ayudar.

Biden health plan aims far beyond legacy of 'Obamacare' - ABC News

Pocas cuestiones de política han dividido a republicanos y demócratas de manera tan significativa como la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, también conocida como Obamacare.

Trump inició su presidencia en el 2016 con la promesa de poner fin a esta ley desde el primer día, diciendo que exige injustamente que las personas y las grandes empresas compren un seguro o paguen una fuerte multa.

Biden faces backlash for comparing diversity in African American, Latino  communities - ABC News

Si bien eso no sucedió, ha trabajado con el Congreso y promovido acciones administrativas para debilitar, modificar o eliminar algunas de las disposiciones clave de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. La administración también presentó una demanda ante la Corte Suprema de los Estados Unidos pidiendo que se revoque la ley.

El fallecimiento de la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, y la nominación de la juez conservadora Amy Coney Barrett, podrían cambiar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Cada vez que se presenta algo ante la Corte Suprema, el resultado puede ser impredecible. Pero con la pérdida del juez Ginsburg, la perspectiva de que la ACA pudiera ser revocada, en su totalidad o en parte, se volvió más probable.

Supreme Court to Hear Obamacare Appeal - The New York Times

El fallecimiento de la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, y la nominación de la juez conservadora Amy Coney Barrett, podrían cambiar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Cada vez que se presenta algo ante la Corte Suprema, el resultado puede ser impredecible. Pero con la pérdida del juez Ginsburg, la perspectiva de que la ACA pudiera ser revocada, en su totalidad o en parte, se volvió más probable.

Como vicepresidente, Biden trabajó para que el Congreso aprobara la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Por ende, se espera que, a diferencia de Trump, un gobierno demócrata fortalecerá dicho programa, esto debido a que Biden y su equipo de campaña tienden a creer que el acceso a la atención médica es un derecho humano básico y que el gobierno tiene un papel que desempeñar para garantizar que la gente tenga ese derecho.

Enfermos de COVID-19 podrían quedarse sin seguro médico

Esta postura de Biden se diferencia de lo planteado por Trump, esto ya que los republicanos tienden a creer que el libre mercado puede abordar muchos de los problemas del sistema de salud. Y cuando deja a los actores del mercado libres para hacer lo que hacen, se impulsa la innovación y el otorgamiento de múltiples opciones. Por lo tanto, los republicanos quieren menos participación del gobierno y menos regulación. Ello, pese a que, por leyes del mercado, muchos estadounidenses no tengan el dinero suficiente para atenderse.

Pese a ello, hay algo en común y está relacionado con el tratamiento de las personas con afecciones preexistentes. Ambos candidatos dicen que las personas con afecciones preexistentes deben estar protegidas y abogan por la transparencia en los costos de atención médica para evitar facturas médicas inesperadas. Sin embargo, no se ponen de acuerdo sobre cómo abordar esos problemas.

Obamacare vuelve a los tribunales, y hay nuevas incertidumbres en la  cobertura de salud para millones de personas - Los Angeles Times

En ese sentido, Biden busca abordar los tratamientos de personas con afecciones preexistentes mediante el fortalecimiento de Obamacare. Biden busca hacerlo mediante el aseguramiento de una variedad de complementos que asegurarán a más de aproximadamente 97% de los estadounidenses. Esto implicaría que las mayores cargas de cobertura estarán en los empleadores con 50 o más empleados, y las aseguradoras quienes tienen prohibido rechazar o incrementar sus primas por asegurar a personas con afecciones preexistentes como diabetes, cáncer y enfermedades cardíacas.

WTF Is Wrong With Them': Republicans Horrified as Trump Goes After Obamacare  Again

Biden basa su propuesta en el crecimiento de cobertura que ha tenido Obamacara. Esto ya que aproximadamente el 91,5% de los estadounidenses no ancianos están asegurados, según las últimas cifras de la Oficina del Censo, que muestran que la cantidad de personas sin seguro aumentó en aproximadamente 2 millones, a 27,9 millones, entre 2017 y 2018. Eso se compara con los 46,5 millones de estadounidenses sin seguro en 2010, año de la promulgación de la ley.

Opinion: GOP's disastrous plan for Obamacare, Planned Parenthood - CNN

Un componente clave del plan de atención médica de Biden es la creación de un seguro público similar a Medicare que no reemplazaría al seguro privado, pero serviría como una alternativa para las pequeñas empresas y las personas que no tienen cobertura, no pueden pagarla o no les agrada la cobertura provista por su empleador.

Este seguro cubriría a millones de estadounidenses sin seguro que viven en los 14 estados donde no han llegado Medicaid, que cubre a personas de bajos ingresos, según las disposiciones de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. En ese sentido, la propuesta de Biden consiste en inscribir automáticamente a esas personas sin seguro.

Ley De Cuidado Asequible Foto de stock y más banco de imágenes de  Asistencia sanitaria y medicina - iStock

Además, Biden propone expandir los subsidios de seguros federales ahora disponibles para las pólizas compradas a través de los mercados de seguros de salud y limitar los aumentos de costos de los seguros. El plan Biden costaría USD 750 mil millones en 10 años y se financiaría aumentando los impuestos a los ricos, lo que probablemente requeriría la aprobación del Congreso.

Lo que proponen Biden y Trump sobre economía, educación y salud – Telemundo  Washington DC (44)

Además, Biden propone reducir el límite de gasto federal en la cobertura de seguros para las familias del máximo actual del 9.86% de los ingresos al 8.5%.

A diferencia de Biden, después de varios intentos fallidos de los republicanos de derogar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, Trump ha utilizado sus poderes ejecutivos, iniciativas del Congreso y los tribunales para eliminar algunas de sus disposiciones.

Barack Obama apoya la candidatura de Joe Biden a la presidencia de Estados  Unidos

En el 2017, Trump trabajó con el Congreso, entonces controlado por el Partido Republicano, para eliminar la multa fiscal de la ley para los estadounidenses que no compraran seguro médico. En ese sentido, La Casa Blanca ha quitado fondos a programas destinados a ayudar a los estadounidenses sin seguro para que las personas puedan comprar seguros privados de acuerdo con su disponibilidad de recursos.

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La administración Trump también ha relajado las reglas sobre las aseguradoras de salud y ha permitido pólizas de seguro ligeras, es decir pólizas parciales que limitan los beneficios y excluyen la cobertura para algunas afecciones. La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio requería que todos los planes vendidos en Marketplaces cubrieran 10 beneficios esenciales, que incluyen salud mental, medicamentos recetados y atención durante el embarazo y la maternidad que no todos quieren o necesitan, de acuerdo con el sustento de Trump.

Biden tacha de "distracción" la visita de Trump a Florida • Hola News

Trump ha prometido ofrecer un plan alternativo que, según él, es una alternativa mejor y menos costosa, pero no ha presentado ningún plan de atención médica integral. El 24 de septiembre, Trump firmó una orden ejecutiva, llamada America First Healthcare Plan, que dijo garantiza la cobertura de personas con afecciones preexistentes.

President announces "America First" healthcare plan

El precio de los medicamentos es un subconjunto de los crecientes costos de la atención médica y los seguros, que ambos candidatos se han comprometido a abordar si ganan las elecciones, aunque de forma muy distinta. Es importante señalar que los costos de los medicamentos han aumentado constantemente desde la aprobación de Obamacare en el 2010.

El gasto de Estados Unidos en medicamentos recetados ha aumentado casi un 42% durante la última década, de USD 253.1 mil millones en 2010 a USD 358.7 mil millones en 2020 (proyectado), según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

Medicare Paga Más Por Medicamentos Que Medicaid O VA - Disciplied

Solo este año, los precios minoristas de 460 medicamentos comúnmente recetados están aumentando en un promedio de 5.2%, según un nuevo análisis de 3 Axis Advisors. Eso es más del doble de la tasa de inflación proyectada.

En ese sentido, hace dos semanas, Donald Trump emitió una orden ejecutiva destinada a reducir los costos de los medicamentos para las personas con Medicare. La orden ordena a los funcionarios federales que creen “proyectos de demostración” que requieran que Medicare pague los mismos precios por los medicamentos que en Europa y otras naciones, donde los costos de los medicamentos suelen ser más bajos.

Penn regulará los fármacos de la lista Medicaid desde el 1° de enero - El  Sol News Media

La industria farmacéutica denunció el plan y los expertos dicen que no está claro si la Casa Blanca puede llevarlo a cabo sin la aprobación del Congreso. La orden no tiene efecto inmediato y el proceso de convertir la orden en ley podría llevar meses o más, y probablemente será impugnado en la corte.

En su afán de convencer al electorado, el presidente ha impulsado otra idea que consiste en exigir a las compañías farmacéuticas que revelen los precios en la publicidad televisiva. Pero esa propuesta ha sido bloqueada por un tribunal federal.

Medicare Insurance: Georgia Medicare Insurance, Inc

El presidente ha hecho de su orden ejecutiva sobre el precio de los medicamentos de Medicare una pieza central de su campaña y su plan para reducir los costos de salud. La semana pasada, prometió enviar tarjetas por valor de USD 200 a las personas mayores para ayudarlas a pagar sus medicamentos recetados.

Trump también ha dicho que la FDA ha aprobado más medicamentos genéricos de menor precio bajo su presidencia que nunca. En los primeros 2 años de la presidencia de Trump, 2017 y 2018, la FDA aprobó más de 1,600 solicitudes de medicamentos genéricos, aproximadamente un tercio más que en los últimos 2 años de la administración Obama. En 2019, la FDA otorgó más de 1,000 aprobaciones finales y provisionales de medicamentos genéricos adicionales.

Uso de medicamentos genéricos en Estados Unidos

En julio, Trump firmó órdenes ejecutivas para rebajar los precios de la insulina y la epinefrina para pacientes de bajos ingresos; permitir la importación de medicamentos de menor precio; combatir la especulación de los intermediarios conocidos como “administradores de beneficios farmacéuticos”; y garantizar que los estadounidenses paguen los precios más bajos disponibles entre los países desarrollados por los medicamentos de la Parte B de Medicare.

Los expertos dicen que las órdenes ejecutivas de Trump no se pueden hacer cumplir a menos que el Congreso apruebe una legislación específica que permita promulgarlas.

US Elections 2020 | Financial Market News | OANDA

Los problemas en el sistema de Salud de Estados Unidos son múltiples y es muy crítico en toda elección presidencial, más ahora en situación de pandemia. Aunque hay múltiples ideas comunes entre republicanos y demócratas, la diferencia proviene en la forma de abordarlos, ya que ello puede implicar mayores o menores costos para el aparato estatal, para las propias personas, para los empleadores y/o para las aseguradoras. Cierto es que la política de salud será una de las piezas claves en las elecciones del 03 de noviembre, y podrá inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Va a ser muy interesante quién se llevará esas laudes, y qué se esperará en Estados Unidos a partir del 04 de noviembre.

Elecciones en Perú y el reto en Salud Pública

El 11 de abril del 2021 serán las elecciones presidenciales en Perú. Luego de un quinquenio políticamente convulsionado para el país, las elecciones de abril son la oportunidad de elegir a las nuevas autoridades que tendrán como reto revertir la precaria situación de salud que desnudó la pandemia del COVID-19, y continuar con el proceso de reactivación económica.

Elecciones 2021: ¿cuánto van a cobrar los miembros de las mesas? - AS Perú

Este 2020, la pandemia COVID-19 ha dejado al descubierto debilidades estructurales en el sector salud, debilidades que se han venido arrastrando por décadas en el Sistema de Salud peruano. Con cada nuevo gobierno a la vista se renuevan las esperanzas de solucionar los problemas estructurales del país y cada candidato suele presentar propuestas distintas según su ideología política, capacidad técnica y oportunismo político.

Hospital Arzobispo Loayza: pacientes podrán sacar citas por teléfono |  Canal N

El servicio hospitalario peruano está conformado por una serie de establecimientos de salud clasificados en 3 niveles. El primero incluye puestos de salud, consultores médicos, centros médicos y policlínicos. El segundo nivel corresponde a los hospitales de atención general y especializados; mientras que el tercero agrupa a hospitales con mayor capacidad de servicio e institutos especializados.

Gobierno presenta nuevo hospital de Ate que será exclusivo para casos de  coronavirus | Gobierno del Perú

El Perú pretende contar con un sistema de salud descentralizado, con una serie de establecimientos para cada región que deban atender de manera eficiente las necesidades de los pacientes de acuerdo con la complejidad de sus casos. Sin embargo, según cifras del Ministerio de Salud (Minsa), Lima concentra la mayor cantidad de establecimientos en sus tres niveles, especialmente institutos especializados: de los 15 existentes, 10 están en la capital. Esto deja al descubierto uno de los primeros graves problemas, la centralización de los servicios de salud y atención primaria en la capital.

ComexPerú - Sociedad de Comercio Exterior del Perú

Lamentablemente todo tiene su centro en Lima y en algunas grandes capitales de provincia. De las 25 regiones existentes, cada una debería ser como un mini – ministerio de salud con niveles de salud terciario, secundario y primario para que la población tenga acceso a los sistemas primarios en sus barrios, y si el caso se complica se pueda recurrir a los especialistas correspondientes. Desafortunadamente en el Perú no existe eso, y al tener un sistema bajo esas condiciones, los ciudadanos de las provincias son los más afectados y los que más sufren con las atenciones médicas.

Economía: Roche: El sector privado está dispuesto a apoyar las metas  públicas de | NOTICIAS GESTIÓN PERÚ

Por lo tanto, uno de los primeros pasos que debe encargarse el gobierno entrante será el fortalecimiento del sistema primario de salud en coordinación con los gobiernos regionales. Esto es de vital importancia para que la descentralización en salud sea efectiva, ya que las clínicas y los centros médicos actúan como colchón que amortigua el golpe de la atención masiva

Minsa: Hospital Dos de Mayo brindará 750 cirugías cardiovasculares a  pacientes del SIS | Gobierno del Perú

Otro de los problemas, que está vinculado con la centralización, es la cantidad de recurso humano para la atención médica de la población. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), mientras que en la capital por cada médico hay 228 habitantes, en Cajamarca -que concentra la mayor cantidad de establecimientos de salud de primer nivel- solo hay uno médico para más de tres mil personas. Asimismo, Loreto, una de las regiones más afectadas por COVID-19, tiene un médico por cada mil habitantes. Por ello, la correcta asignación de los médicos, y la constante formación de profesionales de la salud es fundamental.

Sida: El VIH golpea a la Amazonía peruana | Planeta Futuro | EL PAÍS

La unificación de subsistemas de salud es una de las necesidades que plantean muchos expertos y autoridades para afrontar la problemática del sector. En el país se tienen hasta 5 de ellos: Sistema Integral de Salud (SIS) del Minsa, Seguro Social de Salud (EsSalud) del Ministerio de Trabajo, Salud de las Fuerzas Armadas, Salud de la Policía Nacional y los servicios privados.

Perú: SIS: ¿Cómo saber si mi Seguro Integral de Salud está activo? |  NOTICIAS PERU21 PERÚ

El problema gira en torno a un sistema segmentado, ya que está financiado y ocupado por grupos clasificados de personas, siendo muy notoria la diferencia en la calidad que ofrece cada uno de los subsistemas.

A esto se suma la fragmentación por la cual en cada subsistema de Salud del Estado existen diferentes oficinas con procesos separados, presupuestos separados y enfoques específicos que se duplican, son ineficientes y costosos.

Perú tiene uno de los sistemas de salud más deficientes de Latinoamérica |  RPP Noticias

En ese sentido, la unificación del sistema de salud debe ser gradual, pero que hay que comenzar de inmediato, y debería ser el reto del próxima que quiera asumir la presidencia en Perú. Esto ya que el proceso podría llevar 2 o 3 gobiernos sucesivos, tomando como muestra lo que ha sucedido en otros países de Latinoamérica donde se han llegado a tardar entre 15 a 20 años para la unificación del sistema. Bajo esa premisa, es necesario no sólo del gobierno entrante sino del compromiso transversal de los principales actores políticos del país para continuar con esta política de unificación, independientemente del color político e ideología que acceda al poder ejecutivo.

Pilar Mazzetti sobre las elecciones 2021: “Lo ideal es que la población  esté vacunada [contra el COVID-19]” - Diario ExpresoDiario Expreso

Entre los cambios más relevantes que deberían darse lugar son:

(1) La rectoría de todo el sistema debe estar a cargo del Minsa, que debe ser perfeccionada para formular políticas adecuadas, seguimiento de casos y un sistema de información integral que integre los subsistemas.

(2) La administración financiera del servicio de salud. Actualmente existen dos grandes sistemas públicos de seguros: SIS y EsSalud, juntos cubren a más del 90% de la población. El financiamiento per cápita debe ser equilibrado, el del SIS es de 500 soles anuales por asegurado y el de EsSalud es de 1000 soles.

(3) La prestación de servicios. Los servicios de salud de EsSalud, militares y policiales no tienen límites en cuanto a la atención que necesita un asegurado. En el caso del SIS, existe el Plan de Seguro Médico Esencial (PEAS) que no cubre todas las necesidades de atención; este plan debe ampliarse. Todo esto con el apoyo de las redes integradas de salud que permitirán fortalecer el primer nivel y la prevención.

Atención, investigadores! Concytec reinicia convocatoria a becas de salud |  Noticias | Agencia Peruana de Noticias Andina

Si bien la ciencia es un área que cobró vital importancia con el impacto de la pandemia en el Perú, según el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), la inversión pública promedio en investigación, desarrollo e innovación en los últimos dos años es 1,050 millones de soles. Si bien este monto es más de 5 veces de lo que existía 10 años atrás, este monto apenas representa 0.12% del Producto Bruto Interno (PIB) como porcentaje de inversión. Esto es insuficiente considerando que los demás países de América Latina invierten entre 0.3% a 0.4% del PIB en investigación, desarrollo e innovación médica.

Presidente Vizcarra: "La salud es fundamental para el desarrollo del país"  | Nacional

Si bien Concytec es la máxima autoridad para el desarrollo de la investigación y la innovación en el país, necesita apoyo para fortalecer sus funciones. El apoyo no sólo viene por el lado de recursos sino que requiere del apoyo fundamental del Poder Legislativo para poder, mediante leyes y reformas, hacer que el Concytec ejerza el liderazgo correspondiente. Esto ya que en este sistema la mayoría de los actores ejecutores dependen de otros sectores a nivel administrativo, regulatorio y financiero, como los institutos nacionales y el sector salud. Es importante que los candidatos, y sus equipos de campaña, conozcan en profundidad la situación del sistema de salud en el Perú, de forma que sus propuestas de cambios sean sustanciales, transversales y fundamentales para restablecer las bases de una política sanitaria eficiente y de calidad universal.

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